Fotomultas en Mar del Plata: nuevas autorizaciones en medio de una disputa judicial

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires autorizó la instalación de nuevos radares fijos y móviles en rutas provinciales del partido de General Pueyrredon. La medida fue publicada oficialmente y se da en un contexto atravesado por disputas judiciales y cuestionamientos políticos en torno al sistema de fotomultas.

Las concesiones alcanzan a empresas vinculadas al empresario Leandro Camani, quien actualmente mantiene un enfrentamiento judicial con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el CEAMSE, ambos bajo la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. Camani presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el dirigente deportivo, lo que derivó en una serie de presentaciones cruzadas.

La habilitación de nuevos dispositivos de control vial se produce en un escenario particularmente sensible en Mar del Plata, donde ya existían tensiones políticas por el esquema de fotomultas y cuestionamientos a la operatoria de empresas proveedoras. En ese marco, sectores de la oposición local habían planteado críticas al funcionamiento del sistema.

Fuentes oficiales reconocieron que la decisión generó consultas internas dentro del Ejecutivo provincial. Según trascendió, el gobernador Axel Kicillof solicitó explicaciones al Ministerio de Transporte para conocer los fundamentos de las nuevas autorizaciones, en medio de los litigios abiertos que involucran al empresario beneficiado.

Uno de los puntos que mayor preocupación despierta es la posibilidad de que el Sistema de Juzgamiento Provincial de fotomultas quede en manos de empresas privadas vinculadas al mismo grupo. De concretarse, el procesamiento y validación de actas dejaría de estar bajo control operativo directo del Estado provincial.

Desde sectores técnicos advierten que un esquema de ese tipo podría afectar la trazabilidad y el control sobre el circuito completo de las infracciones, incluyendo la custodia de la información de los conductores. Antecedentes de administraciones privadas del sistema habían sido objeto de cuestionamientos por fallas operativas y demoras.

El empresario también enfrentó controversias recientes en el municipio de Quilmes, donde el avance del sistema de fotomultas vinculado a sus empresas quedó sujeto a revisiones administrativas.

En paralelo, en La Plata se tramitan denuncias vinculadas a la disputa judicial entre el empresario y el titular de la AFA. En ese ámbito, el fiscal interviniente analiza las presentaciones realizadas en las últimas semanas, en un expediente que sumó repercusión pública y cruces en redes sociales entre abogados y dirigentes.

La autorización de nuevos radares y la eventual reorganización del sistema de juzgamiento se inscriben así en un contexto donde el control vial, la gestión estatal y los litigios empresariales confluyen en un mismo escenario institucional.