La ONU condenó al régimen de Obiang por secuestros, torturas y discriminación contra el pueblo annobonés

El régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979, recibió una dura condena internacional tras las violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo annobonés. La histórica Resolución 13/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, publicada el pasado 13 de junio, calificó de arbitrarias, ilegales y discriminatorias las detenciones de 37 habitantes de Annobón, quienes permanecieron encarcelados en condiciones crueles e inhumanas durante casi un año.

Todo comenzó en julio de 2024, cuando habitantes de Annobón presentaron una carta pacífica al Estado pidiendo frenar el uso de dinamita por parte de la empresa SOMAGEC, que destruía viviendas, contaminaba el ambiente y dañaba los cultivos de subsistencia. La respuesta del régimen fue la criminalización inmediata: más de 42 personas fueron detenidas, incluyendo 19 secuestradas en la propia isla y otras arrestadas en Malabo cuando intentaban visitar a sus familias.

Entre los detenidos había cinco mujeres mayores, liberadas meses después tras ser obligadas a comparecer en la televisión estatal, donde bajo coacción debieron contradecir a su pueblo y elogiar públicamente al presidente Obiang.

Durante meses, gran parte de los capturados permanecieron desaparecidos forzadamente, sin acceso a abogados ni a sus familias. Algunos fueron trasladados a la temida prisión de Black Beach, y otros a cárceles de máxima seguridad en Río Muni, bajo tratos considerados crueles, inhumanos y degradantes por el derecho internacional.

El documento de la ONU detalla que se violaron cuatro categorías fundamentales: detenciones sin base legal, criminalización del ejercicio de derechos civiles, violaciones del debido proceso y discriminación estructural por motivos étnicos, lingüísticos y culturales. Remarcó además que ninguna de las personas detenidas había cometido delito alguno.

Pese al fallo internacional, el régimen de Obiang optó por una maniobra propagandística: fingió un “indulto presidencial” —imposible de aplicar a personas que no fueron condenadas— y deportó a los liberados a Annobón, donde hoy sobreviven sin alimentos ni medicamentos, incomunicados y vigilados constantemente. “Llegaron raquíticos, devastados física y emocionalmente. No tienen ni calzoncillo que ponerse”, denunciaron familiares.

Para el partido opositor Convergencia para la Democracia Social (CPDS), la deportación constituye un castigo encubierto que viola el derecho a elegir libremente el lugar de residencia. El propio Gobierno de la República de Annobón responsabilizó al régimen por la salud y vida de los liberados: “Si alguno muere, será crimen de Estado”.

La denuncia que derivó en esta resolución histórica fue presentada por el abogado Aitor Martínez Jiménez y el Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, con el respaldo internacional de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO). Hoy exigen al Estado de Guinea Ecuatorial justicia, reparación y garantías de no repetición.