
En un contexto de creciente tensión con el gobierno de Javier Milei, los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño consensuaron la presentación de un proyecto de ley para reformar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, que será enviada al Senado en los próximos días, busca reforzar las arcas provinciales ante la caída de la recaudación y el impacto de la crisis económica.
Actualmente, las provincias perciben apenas el 10,4% de los ingresos generados por el impuesto a los combustibles, mientras que el resto se distribuye en fondos fiduciarios nacionales. El proyecto propone eliminar estos fondos y aumentar la participación provincial al 58,36%, con un reparto directo entre las jurisdicciones para definir su destino según las prioridades locales.
De este modo, los gobernadores de los 24 jurisdicciones nacionales enviarán este martes a sus ministros de Economía a reunirse con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda de la Nación y delegado de Luis "Toto" Caputo en las negociaciones con las provincias. El encuentro será en la sede del CFI en la Ciudad de Buenos Aires para intentar llegar a un acuerdo con la Casa Rosada antes de presentar en el Congreso un proyecto de ley propio para equilibrar el reparto de fondos del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).
“Eliminar el látigo y la chequera”
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, resumió el espíritu de la propuesta al señalar que apunta a terminar con la discrecionalidad histórica en la distribución de los ATN, utilizados para premiar o castigar políticamente a las provincias. “Esto es dinero de las provincias. No es que se saca plata a Nación, sino que buscamos que se distribuya según los índices de coparticipación federal”, explicó Torres. También propuso que una parte quede como libre disponibilidad para Nación, generando un ahorro fiscal genuino.
En la misma línea, los gobernadores pretenden incluir en el proyecto que los ATN se distribuyan conforme a la coparticipación primaria y secundaria, en lugar de quedar sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo, tal como señalaron tras la cumbre en el CFI, con la firma de mandatarios como Jorge Macri (CABA), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Sáenz (Salta).
Déficit en la cuenta corriente cambiaria
En paralelo a la pulseada política por la coparticipación, el Gobierno enfrenta otro frente de preocupación: el persistente déficit en la cuenta corriente cambiaria. Según el Banco Central, en mayo el saldo negativo fue de 149 millones de dólares, acumulando un rojo de 4.803 millones en los primeros cinco meses del año. El déficit mensual respondió a egresos netos de 1029 millones en “Ingreso primario” y 939 millones en “Servicios”, compensados parcialmente por un superávit de 1811 millones en “Bienes”.
Con este resultado, la cuenta corriente registra 12 meses consecutivos en rojo, con un saldo neto negativo anual de 12.270 millones de dólares, un dato que reavivó las críticas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que el oficialismo insiste en que se observan mejoras en consumo y PBI.
Otras demandas en agenda
La presión de los gobernadores sobre Nación no se limita al reparto impositivo. La semana pasada, mandatarios de la región Norte Grande y Litoral avanzaron en un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas y muy cálidas, que será presentado próximamente en el Congreso. El objetivo es compensar las asimetrías en los costos energéticos de provincias como Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Tucumán y Santiago del Estero, entre otras.
Además, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro acudió a la Corte Suprema junto a sus antecesores para exigir el pago de la deuda previsional que la ANSES mantiene con su provincia, en una muestra de respaldo político e institucional.
Perspectivas y negociaciones
El próximo encuentro con Guberman será clave para destrabar el conflicto antes de que el proyecto de ley llegue al Congreso, donde se perfila como otro frente de batalla entre Nación y provincias. Mientras tanto, la situación fiscal de los distritos se agrava por la caída del consumo, que reduce la recaudación de IVA y tributos provinciales como Ingresos Brutos, y profundiza la necesidad de redefinir el reparto de recursos en un escenario nacional de ajuste y alta conflictividad.