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Kicillof impulsa la regularización de La Salada tras el conflicto con los feriantes
Tras semanas de protestas y una creciente incertidumbre laboral, el gobernador bonaerense Axel Kicillof inició gestiones para regularizar la feria de La Salada, uno de los principales polos comerciales informales del país.
La medida busca garantizar la continuidad laboral de miles de trabajadores que dependen del predio ubicado en Ingeniero Budge, clausurado recientemente tras una serie de allanamientos.
El operativo que derivó en la clausura incluyó la detención de Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", lo que profundizó la crisis entre los feriantes y las autoridades. Ante este escenario, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Municipalidad de Lomas de Zamora, el Gobierno nacional y la Justicia Federal, comenzó a diseñar un plan para la reapertura del predio bajo nuevas condiciones.
En una reunión reciente, Kicillof aseguró que se destinarán recursos para que los trabajadores puedan adecuarse a los requerimientos judiciales y operar dentro de un marco legal. Entre las medidas en estudio se encuentran la revisión de las habilitaciones para los puestos de venta, la regularización fiscal de los comerciantes y el establecimiento de condiciones de seguridad adecuadas para el funcionamiento de la feria.
Los feriantes, por su parte, expresaron su preocupación y advirtieron sobre el impacto económico que la clausura genera en sus vidas. Durante una movilización frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora, los trabajadores reclamaron una solución urgente y remarcaron que “la feria no se cierra”.
Si bien aún no hay una fecha confirmada para la reapertura, las negociaciones continúan y se espera que en los próximos días se definan los criterios concretos para la regularización del predio. El conflicto en La Salada expuso una vez más la complejidad de la economía informal en el conurbano bonaerense y la urgencia de avanzar hacia esquemas que permitan su integración dentro de un marco normativo que garantice derechos sin criminalizar la subsistencia.
Mientras tanto, los trabajadores aguardan una respuesta que les permita retomar sus actividades sin mayores obstáculos, en un contexto económico que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables.
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