
El pedido de informes está dirigido al Poder Ejecutivo provincial, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, y busca relevar datos precisos sobre el funcionamiento, origen institucional y financiación de los colegios privados en la provincia.
En el proyecto, la legisladora solicita que se detalle cuántas instituciones de gestión privada existen, discriminadas por distrito y por región educativa. Asimismo, pide que se clasifiquen según su pertenencia institucional: si son confesionales, fundaciones, asociaciones, sindicatos, cooperativas o empresas con personería jurídica.
Uno de los puntos clave del pedido se refiere a la recepción de subsidios estatales por parte de estas instituciones. Malaisi solicita que se informe qué escuelas reciben subvención estatal y, en caso afirmativo, cuál es el porcentaje de dicha asistencia.
También se pregunta si en el marco del artículo 131° de la Ley Provincial de Educación se han sancionado, clausurado o suspendido subvenciones a alguna de estas instituciones. En caso de que así sea, se requiere información detallada sobre los establecimientos afectados.
El proyecto se enmarca en el Título V, Capítulo VIII de la Ley 13.688, que establece las atribuciones de control y fiscalización del Estado sobre los servicios educativos.
La iniciativa apunta a dotar de mayor transparencia y control a un sector que, aunque forma parte del sistema educativo provincial, opera bajo gestión privada y en muchos casos con fondos públicos.