
Una nueva y contundente denuncia sacude al sector minero argentino. La Cámara Latinoamericana del Litio (CLL), encabezada por su presidente Pablo Rutigliano, presentó ante la Justicia federal una ampliación de la causa penal N° 3309/23 que investiga presuntas irregularidades en el comercio exterior del litio. La documentación entregada, de carácter técnico y económico, expone lo que la entidad califica como un “esquema sistemático de saqueo” del recurso mediante prácticas de subfacturación en las exportaciones, con pérdidas estimadas para el país superiores a los 400 millones de dólares solo en 2024.
Una brecha millonaria
Según el documento presentado por Rutigliano, el precio promedio internacional del carbonato de litio grado batería durante 2024 fue de USD 15.157,30 por tonelada, en contraste con el valor FOB declarado por las empresas exportadoras en Argentina, que apenas alcanzó los USD 8.889,87 por tonelada. Esta diferencia habría generado una pérdida para el país de USD 403.097.617,02, calculada a partir de los permisos de embarque oficiales.
Las principales empresas señaladas en la denuncia son Minera del Altiplano, Minera Exar, Sales de Jujuy y Puna Mining, que habrían exportado en conjunto más de 68.458 toneladas por un monto superior a los 608 millones de dólares, pero con valores declarados muy por debajo de los precios reales del mercado internacional.
El análisis se sustenta en datos comparativos con los valores de referencia registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y la Bolsa de Shanghái, lo que permite identificar una tendencia clara y sostenida de subfacturación.
Reclamo por la “desinformación institucional”
En un pasaje crítico del documento judicial, Rutigliano también apuntó contra un artículo publicado el 22 de mayo pasado, en el que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario proyectaban un “récord histórico de producción y exportaciones de litio para 2025”. Desde la CLL calificaron esas declaraciones como parte de un “relato especulativo” y denunciaron una estrategia de “manipulación de la percepción pública con datos sin respaldo técnico”.
“El país exporta el 100% de su litio sin contar con herramientas para controlar precios, contratos ni garantizar la transparencia jurídica”, sostiene el escrito judicial. Además, subraya que la falta de reconocimiento del litio como commodity estratégico deja a la Argentina en una posición de extrema vulnerabilidad frente a actores internacionales, principalmente de origen chino, que —según la denuncia— operan sin control efectivo.
Pedidos concretos ante la Justicia
La presentación judicial de la CLL solicita al juez interviniente que incorpore el nuevo documento como prueba técnica y que se avance con medidas urgentes. Entre ellas, se exige:
La citación a indagatoria de los responsables de las empresas involucradas.
El requerimiento de información contable y societaria de las firmas mencionadas.
La aplicación de medidas cautelares para proteger el patrimonio nacional.
La evaluación de la responsabilidad penal de funcionarios públicos que, por acción u omisión, habrían permitido estas maniobras.
En ese marco, se apunta directamente a la responsabilidad de la Secretaría de Minería, a los gobiernos provinciales de las zonas productoras y al organismo recaudador nacional (ARCA), por no ejercer controles eficientes sobre las operaciones de exportación.
Subfacturación mes a mes: el seguimiento de la Cámara
La Cámara Latinoamericana del Litio anunció que continuará realizando un monitoreo mensual de las diferencias entre precios internacionales y valores declarados por las empresas. Este seguimiento busca proporcionar “datos duros que revelen la magnitud del desfalco”.
Por ejemplo, en enero de 2024, el precio internacional fue de USD 15.912,9, pero las empresas argentinas declararon USD 9.123,33, lo que significó una pérdida de más de USD 40 millones solo ese mes. Esta tendencia se replicó durante los meses siguientes, con pérdidas mensuales que oscilaron entre 20 y 47 millones de dólares.
Un llamado a declarar el litio como recurso estratégico
La Cámara volvió a reclamar que el litio sea considerado un recurso estratégico nacional, con políticas públicas que aseguren transparencia, soberanía y control estatal. “El actual esquema favorece a sectores concentrados y promueve la cartelización de la minería argentina”, advierte el informe.
“Si no se revierte esta situación, asistiremos a una profundización del vaciamiento estructural del país, avalado por entidades que deberían estar defendiendo los intereses nacionales”, concluye el documento.