Abandono y contaminación: denuncian al Estado Nacional por el incumplimiento en el saneamiento del Riachuelo

A más de quince años del histórico fallo "Mendoza", que ordenó el saneamiento integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y otras organizaciones llevaron su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Apuntan directamente contra el Estado Nacional por haber abandonado sus obligaciones frente a una de las zonas más contaminadas del país.

En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó de forma unilateral la supervisión judicial del caso bajo el argumento de que los objetivos institucionales ya estaban cumplidos. Las organizaciones lo desmienten rotundamente: no se terminó el saneamiento, no se urbanizó gran parte de los barrios afectados y las empresas siguen contaminando ilegalmente.

“La situación es crítica. No se cumplió ni la mitad de las soluciones habitacionales previstas, ni se relocalizó a las familias necesarias para liberar la ribera del río”, denunció María José Lubertino, presidenta de la ACDH. Las estimaciones actuales señalan que aún más de 700 familias de la Villa 21-24 en CABA siguen esperando una respuesta, lo mismo que otras 150 del barrio Lamadrid y vecinos de Magaldi, Luján y El Pueblito.

Un saneamiento a medias
Pese a algunos avances —como el retiro de barcos hundidos o la creación de espacios verdes—, el grueso del Plan Integral de Saneamiento Ambiental quedó paralizado. Tampoco se puso en marcha el Sistema Riachuelo, una obra clave para el tratamiento de residuos orgánicos y la provisión de cloacas en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

“La cobertura cloacal no supera el 56% en muchos barrios. Y eso significa pozos ciegos desbordando, aguas negras corriendo por las calles, enfermedades y contaminación directa al río”, explica Sergio González, vecino de Villa Jardín e integrante del Foro Hídrico de Lanús. En medio de esa precariedad estructural, las empresas aprovechan las lluvias para hacer sus descargas clandestinas.

Vidas en riesgo y derechos vulnerados
El abandono estatal impacta directamente en la salud y el día a día de las familias que viven en la cuenca. Alberto Larez, de Villa Fiorito, es claro: “Nuestros barrios son pobres, con problemas económicos, contaminación, sin estructura ni obras. Hoy hasta el agua potable está amenazada”. En 2015, un informe oficial reveló que más de 200 niños menores de 6 años tenían plomo en sangre en esa misma zona.

La falta de recolección de residuos adecuada, la proliferación de basurales a cielo abierto y las inundaciones recurrentes agravan un panorama que podría revertirse con voluntad política y continuidad en las políticas públicas. “Antes el Riachuelo era un basurero. Hoy, aunque persiste la contaminación, por momentos vemos peces, incluso alguna tortuga. Eso muestra que se puede recuperar. Pero con la desidia actual, podemos retroceder todo lo ganado”, advierte Horacio Eusebi, vecino de Isla Maciel.

La lucha vecinal no se detiene
Desde Avellaneda hasta Lomas de Zamora, pasando por La Matanza y Lanús, los testimonios coinciden: las comunidades siguen organizadas y resisten el abandono estatal. Escuelas que promueven la conciencia ambiental, jóvenes que participan de limpiezas, recolectores urbanos que ingresan a los pasillos. Sin embargo, esa red comunitaria no puede suplir la ausencia de un Estado comprometido.

“El cierre de la causa Mendoza por parte de la Corte fue un golpe muy duro. Tardamos más de veinte años en conseguir que se empiece a limpiar el Riachuelo, y ahora nos quieren hacer retroceder todo”, afirma González.

Además del CELS y la ACDH, la denuncia ante la CIDH fue acompañada por la Asociación Vecinos de La Boca, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación T.E.M.A.S, el Ministerio Público de la Defensa de CABA y vecinos afectados. En paralelo, Beatriz Mendoza —quien inició la causa en 2004— y otros habitantes de la cuenca presentaron un nuevo reclamo judicial.

El retroceso ambiental como política
La denuncia también pone en evidencia el desmantelamiento de las políticas ambientales a nivel nacional. “La contaminación de la cuenca no conoce fronteras: afecta a 14 municipios y no distingue entre Ciudad y Provincia. Pero el gobierno nacional actual ha elegido recortar y desfinanciar los organismos que deben garantizar la salud ambiental, como ACUMAR”, denunció Lubertino.