Diputada radical pide la autarquía administrativa y financiera de IOMA

La diputada provincial de la UCR, María Belén Malaisi, al presentar el proyecto de ley hizo referencia al silencio del Gobierno provincial ante la severa crisis que atraviesa la obra social IOMA. En ese sentido, sostuvo que “desde el año  pasado venimos planteando las múltiples problemáticas que tiene IOMA con cada uno de los beneficiarios”.

“En 2024, hicimos intentos para tratar de resolver y dar respuestas a las inquietudes  y desesperación de los afiliados, porque hablamos de casos de enfermedades de largo tratamiento”, pero es nula la respuesta de la gestión de Axel Kicillof.

La legisladora remarcó que “IOMA nace en 1956 como un ente autárquico, luego los fondos fueron derivados con la facultad de disponer de ellos el Ejecutivo y el Ministerio de Economía”, al tiempo que cuestionó que “eso hace que se dilate la garantía de recibir la prestación en tiempo y forma”.

“Queremos lograr el acompañamiento de la mayor cantidad de beneficiaros de la provincia de Buenos Aires; tanto afiliados como voluntarios y de la sociedad en general. “Los que tienen problemas con IOMA terminan en el hospital público”, declaró y agregó: “El oficialismo no se pronuncia ni responde los múltiples pedidos de informes de quienes somos oposición y que pedimos tratamiento en las distintas comisiones, pero no pasa de eso”.

Malaisi sostuvo que “ese silencio habla de un abandono a los derechos garantizados en la Constitución, como el derecho a la salud. En este marco, el usuario se encamina a perder la libre elección de un profesional, porque los médicos transitan la situación como una enorme falencia al cobro de sus salarios”.

Sin embargo, la diputada dejó en claro que “hay que destacar que IOMA puede funcionar correctamente si se administran los recursos como tiene que hacer. El Directorio responde al Ejecutivo. Tenemos más de 2 millones de afiliados, el 59% son mujeres y solo un 10% de usuarios son voluntarios, el resto son parte del sistema público con afiliación obligatoria”.

Por último, dejó en claro que “es necesario promover que las prestaciones a afiliados con patologías crónicas san atendidos sin dilataciones, porque sumarles una preocupación más es nocivos y constituye un acto de violencia institucional”.

Y aclaró: “No le estamos restando potestad al Ejecutivo pero tiene que disponer de los fondos para dar tranquilidad a los afiliados, en cuanto a las autorizaciones de prestaciones”.