Obras detenidas, barrios olvidados: el ajuste llega a las cloacas y al agua

El Juzgado Federal de Pehuajó volvió a intimar al Ministerio de Economía de la Nación, que encabeza Luis Caputo, a presentar un plan detallado de obras para la integración socio urbana de barrios populares, luego de cinco meses de haber incumplido la orden judicial. Esta semana, y a pedido del propio ministerio, el juzgado otorgó de manera excepcional e improrrogable un nuevo plazo de 20 días para que se cumpla con lo ordenado.

La causa judicial se inició a partir de una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de vecinos y vecinas de 37 barrios de distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires. En noviembre de 2024, el juzgado hizo lugar al reclamo y ordenó al Gobierno presentar un plan con plazos concretos para continuar las obras de acceso a servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica, cloacas y mejoramientos habitacionales.

Sin embargo, en febrero de este año, vencido el primer plazo, el Ministerio tampoco cumplió con la orden, por lo que fue intimado formalmente por segunda vez. La decisión de interrumpir estas políticas se remonta a diciembre de 2023, cuando el Gobierno Nacional decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dejando paralizadas más de 30.000 obras y afectando directamente a 334.000 familias.

El FISU era financiado por un porcentaje del Impuesto PAIS, que el actual gobierno redujo del 9% al 0,3%, dejando sin recursos a cientos de proyectos que buscaban dar respuesta a la falta de servicios básicos en los sectores más postergados del país. Según datos recientes, el 44% de la población argentina no tiene acceso a la red de gas, el 43% vive sin conexión a cloacas y aún hay un 7% que no cuenta con agua potable segura.

La paralización no solo dejó inconclusas más de 700 obras en todo el país, sino que generó pérdidas del dinero público ya invertido y deterioro de las infraestructuras que quedaron expuestas al abandono. En el barrio Cumba de Pehuajó, por ejemplo, un proyecto integral iniciado en septiembre de 2024 —que incluía pavimentación, gas, cloacas, agua, veredas y forestación— quedó totalmente detenido. En Santa Paula, Moreno, una zanja abierta para colocar cañerías pluviales permanece sin terminar, acumulando escombros en la plaza central del barrio.

Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares y el CELS exigen que el Ministerio cumpla con lo dispuesto por la Justicia y reactive de inmediato la política de integración urbana que buscaba mejorar las condiciones de vida de millones de personas que hoy sufren las consecuencias del ajuste estatal en las áreas más sensibles.

Con el nuevo plazo corriendo, el Gobierno tiene menos de tres semanas para dar una respuesta concreta. Cabe recordar que días atrás, y en el marco del reclamo que esgrimió el gobernador Axel Kicillof por los 500 días de la paralización de la obra pública, Silvina Batakis, ministra de Desarrollo Urbano alertó que desde Nación abandonaron 16.000 obras en territorio bonaerense.