Ajuste encubierto: críticas a la revisión de pensiones por invalidez

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su “profundo rechazo” a las nuevas medidas implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que convocó a personas con discapacidad, beneficiarias de pensiones no contributivas por invalidez, a someterse a nuevas evaluaciones para determinar la continuidad de sus beneficios.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X, la CPM denunció que esta revisión masiva no contempla las particularidades de cada caso y que no se consideraron factores esenciales como el grado de dependencia, la necesidad de apoyos específicos ni las posibilidades de traslado de las personas afectadas.

ANDIS citó a personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas por invalidez para someterlas a nuevas evaluaciones para decidir si continúan o no percibiendo la pensión. pic.twitter.com/hHpgHVOkzA

— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) April 12, 2025

“La medida es arbitraria y desconoce los principios de accesibilidad y no discriminación”, advirtió el organismo. En esa línea, recordó que toda política pública dirigida a personas con discapacidad debe regirse por un enfoque de derechos, tal como establecen la Constitución Nacional y las leyes vigentes.

La CPM también vinculó esta decisión a un marco más amplio de retroceso en materia de derechos adquiridos: “Esta medida se suma a la Resolución N° 187/2025 publicada por ANDIS en febrero de este año, como parte de un tipo de prácticas regresivas en materia de políticas públicas inclusivas”.

Finalmente, la Comisión exigió que se reviertan estas decisiones “con carácter urgente”, al considerar que vulneran los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Las críticas de la CPM se suman a los múltiples reclamos que vienen realizando organizaciones de familiares, profesionales y colectivos del sector, que denuncian un ajuste sistemático a través de recortes, demoras en los pagos y cambios administrativos que afectan directamente la calidad de vida de quienes dependen de estas políticas para acceder a derechos básicos.

La respuesta del Gobierno sobre la declaración de Emergencia en Discapacidad

Desde el Gobierno de Javier Milei, el rechazo de la crítica situación de este sector es insistente y apuntaron al proyecto de la oposición para para declarar la “emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027″. De hecho, sostienen que los legisladores que impulsan la normativa realizan “demagogia fiscal” y que buscan generar una presión presupuestaria sobre la administración actual mediante medidas de alto costo económico y sin respaldo financiero. La declaración de emergencia significa la erogación de unos USD 150 millones mensuales.

Según los cálculos difundidos por voceros gubernamentales, el proyecto contempla la extensión automática de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral a las más de 1.800.000 personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que implicaría sumar más de 600.000 nuevos beneficiarios al sistema. En la actualidad, perciben esa pensión 1.179.088 personas beneficiarios

La pensión vigente es de $270.000 mensuales, lo que representa una carga adicional de aproximadamente 167.000 millones de pesos mensuales. “El proyecto no explica de dónde saldrá el dinero para cubrir este gasto, ni cuál será el mecanismo de financiamiento, más allá de facultar al Jefe de Gabinete a modificar el presupuesto”, señalaron fuentes del Gobierno a Infobae, y advirtieron que podría comprometer el objetivo central del superávit fiscal que impulsa el Ejecutivo como estrategia para contener la inflación.