Aborto legal: un amparo busca frenar la avanzada del Gobierno sobre los derechos conquistados

Mientras el oficialismo insiste en volver a penalizar el aborto legal, una acción judicial colectiva avanza para obligar al Estado a cumplir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en diciembre de 2020. La causa, impulsada por la Asociación Civil “La Ciega”, fue recientemente inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos, con la validación del juez federal Alejo Ramos Padilla, y representa un nuevo desafío judicial para el gobierno nacional.

La demanda tiene un objetivo concreto: instar al Ministerio de Salud a adquirir y distribuir Misoprostol y Mifepristona, medicamentos esenciales para realizar abortos seguros, tal como lo exige la normativa vigente. Según la organización denunciante, el Estado lleva al menos un año sin ejecutar acciones administrativas efectivas para garantizar el acceso a estos fármacos, lo que vulnera derechos sexuales y reproductivos fundamentales.

Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal n.º 2 de La Plata, consideró que la demanda tiene legitimación activa y corresponde inscribirla como acción colectiva, dado que afecta a “derechos individuales homogéneos de toda persona en el país en condiciones de gestar”. El juez destacó que la asociación comparte el objeto del litigio —la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres—, y remarcó la urgencia de resolver la situación para evitar daños irreparables.

La inscripción de la causa en el Registro implica que el reclamo adquiere alcance federal y podría sentar un precedente importante en caso de que el Ministerio no cumpla con la ley. La Ley 27.610, aún plenamente vigente, garantiza el derecho a interrumpir legalmente un embarazo hasta la semana 14 de gestación, y sin plazos en casos de violación o riesgo para la salud integral. Además, obliga al Estado a brindar medicamentos, información y atención médica de calidad.

Mientras tanto, en el Congreso, el oficialismo mantiene viva su intención de derogar la IVE. Cabe recordar que en febrero de 2024, seis diputados de La Libertad Avanza (LLA), entre ellos Rocío Belén Bonacci, Oscar Zago y Lilia Lemoine, presentaron un proyecto que proponía retroceder incluso más allá de la legislación anterior, eliminando excepciones por violación y devolviendo esa decisión a los jueces. 

Lo que está en disputa no es solo el cumplimiento de una ley vigente, sino el reconocimiento pleno de las personas gestantes como sujetas de derecho. La falta de provisión de medicamentos esenciales no es un problema administrativo, sino una forma concreta de violencia institucional que pone en riesgo la vida y la autonomía de quienes deciden interrumpir un embarazo. El incumplimiento del Estado en este contexto opera como una estrategia silenciosa de obstaculización, que invisibiliza la práctica y la relega al plano de la clandestinidad, incluso bajo una ley que garantiza su legalidad.