Malvinas: denuncian a Milei por “entrega de soberanía” y exigen su juicio político

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata presentó  formal de juicio político contra el presidente Javier Milei ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El motivo: “renunciar implícitamente a la soberanía sobre Malvinas” mediante declaraciones públicas que, según la organización, violan la Constitución Nacional y contradicen la histórica posición de la Argentina ante el conflicto del Atlántico Sur.

Las palabras que encendieron la polémica
El eje de la presentación es una frase pronunciada por Milei durante el acto oficial del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Desde el escenario montado en la Plaza San Martín, en Retiro, el presidente expresó:

“Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros, por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo.”

Para el CECIM, esta frase no solo constituye un error político, sino una “renuncia explícita al mandato constitucional”, ya que convalida el principio de autodeterminación de los isleños, una doctrina que el Reino Unido ha promovido durante décadas para justificar su presencia colonial en el Atlántico Sur.

El reclamo: mal desempeño y posible delito
El escrito —registrado bajo el expediente 0021-P-2025— solicita a la Cámara de Diputados la apertura del procedimiento de juicio político previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, alegando mal desempeño en sus funciones y la presunta comisión de delitos de acción pública.

“Lo que hizo el presidente Milei es convalidar, de manera implícita, el principio de autodeterminación de los isleños, mecanismo que el Reino Unido ha utilizado durante décadas para perpetuar el colonialismo en el Atlántico Sur”, señala el documento firmado por Rodolfo Carrizo (presidente del CECIM), Ernesto Alonso (secretario de Derechos Humanos) y Jerónimo Guerrero Iraola (abogado de la institución).

Un quiebre con la política de Estado en torno a Malvinas
Desde su fundación en 1982, el CECIM La Plata ha trabajado por mantener vigente la causa Malvinas como una política de Estado. En su presentación, recuerda que el reclamo de soberanía está consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que:

“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes (...), constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”

Según el CECIM, Milei incumple esta disposición al “trasladar el reclamo soberano desde el plano del derecho internacional hacia un terreno meramente económico y voluntarista”, y al subordinar el derecho argentino al deseo de los habitantes de las islas, a quienes llamó “malvinenses”.

Además de las palabras del 2 de abril, el pedido menciona otros hechos recientes que debilitarían la posición argentina en los foros internacionales. Entre ellos, un comunicado conjunto firmado en 2024 por la canciller Diana Mondino y su par británico David Lammy, donde se anunciaba una cooperación científica en el Atlántico Sur sin aludir al diferendo de soberanía.

También se cita una entrevista brindada por el propio Milei donde dijo: “Soy el topo que destruye el Estado desde adentro”, lo cual —según los denunciantes— revela una “estrategia deliberada de desarticulación nacional”.

El documento del CECIM plantea además que las acciones del presidente podrían configurar delitos en los términos del artículo 248 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios que “dictaren resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución Nacional o no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento les incumbiere”.

En este sentido, solicitan que el Congreso evalúe la posible responsabilidad penal del mandatario y que, en su caso, eleve la acusación correspondiente al Senado.

Uno de los ejes del escrito es la idea de que Malvinas no es una cuestión partidaria ni ideológica, sino una política de Estado que debe ser defendida más allá de los gobiernos de turno. El documento remarca que “la Cuestión Malvinas no es una postal nostálgica, es un enclave militar en el sur global que permite el control del Atlántico y el acceso a la Antártida”.

Por eso, exigen que el Congreso actúe como garante del interés nacional, ante lo que consideran una peligrosa deriva presidencial.

“No se trata de una opinión, sino de una obligación constitucional”
En su petición, el CECIM también invoca el respaldo institucional y judicial que ha recibido a lo largo de los años, y recuerda que su misión como organización es defender los derechos de los excombatientes y la soberanía nacional.

“El presidente no representa una opinión más: es el custodio de la integridad territorial de la Nación. No puede abdicar de ese deber”, señalan.

Aunque el pedido apenas inicia su recorrido institucional, la presentación del CECIM tiene una alta carga simbólica. Lo hace una organización nacida al calor de la posguerra, con una trayectoria reconocida en el ámbito nacional e internacional, en un contexto donde se discute cada vez más el rumbo de la política exterior argentina. “Las Malvinas son argentinas y la Patria no se vende”, cierra el documento.