Polémica por Chapadmalal: ¿El fin del turismo social en Argentina?

El complejo hotelero de Chapadmalal, un emblema del turismo social en Argentina, ha quedado en el centro de una controversia debido a recientes decisiones del Gobierno Nacional que podrían afectar su operatividad. La subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, expresó su preocupación sobre la declaración de "innecesariedad" del complejo por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, liderada por Daniel Scioli, lo que allana el camino para su transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Martínez, en diálogo con Radio Brisas, advirtió que esta decisión genera incertidumbre sobre el futuro del complejo y podría marcar un distanciamiento del gobierno nacional en la garantía del turismo social. "Esto no solo afecta a quienes dependen de Chapadmalal para vacacionar, sino que también genera incertidumbre sobre el destino de un patrimonio público fundamental", señaló la funcionaria.

La subsecretaria también remarcó que las tierras donde se ubica el complejo fueron expropiadas o donadas con fines específicos vinculados al turismo social. Por ello, cualquier intento de modificar su uso podría enfrentar restricciones legales. En ese sentido, anunció que la Provincia está llevando a cabo estudios sobre los títulos de propiedad y las condiciones legales de las tierras para evaluar posibles respuestas a la decisión nacional. No obstante, reconoció que el futuro del complejo sigue dependiendo en gran medida de las resoluciones del Gobierno Nacional.

"El acceso a las vacaciones dignas es un derecho, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo. No podemos retroceder en esto", sostuvo Martínez, reafirmando la postura provincial en defensa del complejo.

Inaugurado en 1954 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, Chapadmalal ha sido un símbolo del turismo social, permitiendo que miles de argentinos accedan a vacaciones accesibles y promoviendo la inclusión y el derecho al descanso. La incertidumbre sobre su destino reaviva el debate sobre el papel del Estado en la garantía del acceso al turismo para los sectores más vulnerables.