Represión y criminalización de la protesta: Bullrich apunta contra intendentes y barrabravas

En el marco de una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acusó a "barrabravas, patotas e intendentes justicialistas" de intentar desestabilizar al Gobierno mediante los incidentes ocurridos durante la marcha de jubilados al Congreso. La funcionaria aseguró que los manifestantes portaban armas de fuego, armas blancas y clavos "miguelitos", justificando así la brutal represión desatada contra los manifestantes.

Bullrich apuntó directamente contra los intendentes Fernando Espinoza, de La Matanza, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, a quienes responsabilizó por haber permitido la organización de la movilización en sus municipios. Además, anunció que el Ministerio de Seguridad presentará una denuncia conjunta con la Ciudad de Buenos Aires, aportando pruebas fotográficas para sostener sus acusaciones.

En un nuevo avance contra la libertad de expresión, Bullrich también exigió a los clubes del fútbol argentino que expulsen a los socios que participaron de la manifestación. "Vamos a pedirles formalmente que repudien la participación de sus hinchas y que expulsen a los socios que estuvieron en la marcha", declaró la ministra, acompañada por el ministro de Defensa, Luis Petri. Según sus dichos, la Dirección Nacional de Eventos Deportivos, a cargo de Franco Berlín, habría presionado a las dirigencias de los clubes días antes de la movilización para evitar su participación.

Por otro lado, la ministra negó haber dialogado con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, aunque reconoció que es posible que Berlín haya mantenido contacto con él. Además, insistió en que cada club deberá emitir un comunicado oficial despegándose de la protesta y de cualquier relación con los manifestantes.

Esta ofensiva contra los manifestantes se produce tras la brutal represión sufrida por los jubilados en la protesta del miércoles, donde la Policía Federal y la Policía de la Ciudad avanzaron con gas pimienta y golpes contra los adultos mayores y otros manifestantes.

En paralelo, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de los 114 detenidos, lo que generó críticas por parte del oficialismo. Bullrich cuestionó la decisión y reiteró que el Gobierno continúa investigando la participación de diferentes sectores en la protesta.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, legisladores opositores y referentes sindicales repudiaron la represión y el intento del Gobierno de criminalizar la protesta social. La polémica medida de Bullrich de exigir la expulsión de socios de clubes de fútbol suma un nuevo capítulo en la avanzada del Gobierno contra la oposición y las movilizaciones populares.