
Los funcionarios Guillermo Francos, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona fueron los principales voceros del malestar oficial. Según el vocero presidencial, la jueza Karina Giselle Andrade habría liberado a personas que "destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad". "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices", expresó Adorni en su cuenta de la red social X.
La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad.
— Manuel Adorni (@madorni) March 13, 2025
La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los…
Por su parte, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, afirmó que "barras bravas" participaron de la movilización con la intención de "destruir todo lo que tuvieran a su alcance" y que no se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión. Además, adelantó que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analizará la actuación de la magistrada por "posible incumplimiento de sus funciones".
Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía.
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) March 13, 2025
No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda…
En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó a las críticas, cuestionando la rapidez con la que la jueza Andrade resolvió la liberación de los detenidos. "Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia organizada de sectores extremos", sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.
El fallo de la Justicia
La jueza Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, justificó su decisión al considerar que en el caso se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental: el derecho a la protesta.
"A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación, como son los adultos mayores protegidos convencionalmente", argumentó Andrade en su fallo.
Además, la jueza señaló que la complejidad de derechos en juego impedía la aplicación del trámite de flagrancia, por lo que dispuso la "inmediata soltura" de los detenidos, dejando abierta la posibilidad de que la investigación continúe en la fiscalía.
La decisión judicial marcó un nuevo punto de tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que ha hecho de la crítica a la justicia su bandera en distintas oportunidades. Mientras el Gobierno insiste en una visión punitivista, el fallo de Andrade refuerza la garantía de derechos constitucionales, en un contexto de creciente conflictividad social.