Presentan el primer amparo para suspender las designaciones de Lijo y García Mansilla en la Corte

Tras la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitó una medida cautelar interina para que se suspenda la toma de juramento.

Además, la asociación promovió una acción de nulidad e inconstitucionalidad del decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo que autorizaba dicha designación. En paralelo, solicitaron que la acción se inscriba en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.

Al momento de argumentar su pedido, la CEPIS señaló en un comunicado: “El dictado del decreto 137/2025 demuestra la vulneración de principio de no concentración de poder, carece de la debida fundamentación y resulta desproporcionada la relación de la situación alegada con el daño institucional que genera”.

Según la ONG, esta circunstancia “evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al poder legislativo en la búsqueda de consensos y control cruzado de facultades y deberes. En definitiva, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades vedadas por la Constitución Nacional”.

Entre otros aspectos, se habló de una “acción que lesiona con arbitrariedad manifiesta la garantía de independencia prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Finalmente, la Asociación Civil en su presentación, indicó: “Estas disposiciones establecen los contenidos mínimos para que el sistema de administración de justicia sea independiente de los demás poderes del Estado y para que los jueces, fiscales y defensores puedan desempeñar con libertad la delicada misión que les ha sido asignada, sin interferencias políticas, y protegidos de cualquier presión, ataque o persecución”.

Indignación dentro de la oposición

La Coalición Cívica tardó muy poco en expresar su descontento por la decisión oficial de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El jefe de ese bloque en Diputados, Juan Manuel López, posteó inmediatamente: “Forzando la Constitución, Milei busca garantizar su impunidad y la de su hermana con Lijo en la Corte. Pero tarde o temprano será extorsionado”.

“Pobre pueblo argentino, condenado a peregrinar por justicia. El Senado aún puede decir #LijoNo”, expresó Juan Manuel López, en tanto que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien encabezó presentaciones contra la designación del juez federal, señaló: “Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.

Desde Unión por la Patria, el senador salteño Sergio “Oso” Leavy relacionó la medida con la intención de “desviar la atención de los problemas que atraviesa el país”. “Pura impunidad”, expresó, recordando que “desde el bloque de Unión por la Patria en noviembre del año pasado nos comprometimos a rechazar las designaciones por decreto de cualquier Juez. Otro atropello en nombre de la libertad, libertad que solo ejercen los hermanos Milei”.

Otro senador, pero del radicalismo, Pablo Daniel Blanco, rechazó categóricamente la designación  de los jueces de la Corte Suprema por decreto. “Pasar por alto al Congreso amenaza la independencia judicial y la confianza en nuestras instituciones. Esto debe tratarse en el Senado. No es un rey ni un emperador”, apuntó.

A su vez, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer habló de un “decretazo a la impunidad”. A su juicio, “poner jueces de la Corte por decreto siempre está mal, pero hacerlo con Lijo demuestra que la degradación de esta gente es total. Hasta a su amigo Putin le debe parecer demasiado”.