Causa Vialidad: La fiscalía insistió ante la Corte para que duplique la condena contra Cristina Kirchner

El fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar insistió este jueves para que la Corte Suprema de Justicia condene a Cristina Kirchner a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa en la que está sentenciada por fraude, por haber direccionado la contratación de obras públicas santacruceñas en favor de Lázaro Báez.

En ese marco, Villar planteó ante la Cámara Federal de Casación un recurso extraordinario para que este tribunal le abra la puerta a su reclamo de modo que lo analice la Corte Suprema. No obstante, si los jueces de la Casación que intervienen en el caso –Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos– resolvieran denegarle este recurso, la fiscalía podría plantear otro, de queja, ante la Corte.

Las defensas también presentaron sus propios recursos extraordinarios para que la Corte revoque las condenas y los acusados sean absueltos.

La Cámara de Casación revolverá si admite los planteos y, de ser así, los envía a la Corte en los próximos meses.

El fiscal Villar, en su escrito, de 40 hojas, planteó que cuando la Casación rechazó sus argumentos para condenar por asociación ilícita a la expresidenta no los contestó y que repitió lo que había señalado el tribunal oral. Además reclamó que se dejen sin efecto las absoluciones –a las que consideró arbitrarias– y cuestionó que se hubiera denegado la incorporación de nuevas pruebas, como mensajes telefónicos.

La principal arbitrariedad de la sentencia –según Villar- sería la confirmación de la absolución del empresario Lázaro Báez, de Cristina Kirchner, del exministro Julio de De Vido, del exsecretario José López y del extitular de Vialidad Nelson Periotti por el delito de asociación ilícita.

El fiscal argumentó que “instauraron una matriz de corrupción” para disponer ilegítimamente de fondos públicos. Esto contra los argumentos de Borinsky y Barroetaveña que señalaron que no hay una pluralidad de planes delictivos, como lo exije la asociación ilícita, sino una única defraudación.

Villar también refutó las absoluciones de De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, extitular de Vialidad de Santa Cruz por el delito de administración fraudulenta.

“La negación de incorporación priva al Ministerio Público Fiscal de una prueba relevante que, sumado a que los jueces de Casación absuelven por la duda, es un indicador claro de que el espacio de duda que perciben puede deberse a la acción precedente de negar la admisión de la prueba en cuestión”, escribió.

Pidió, además, el decomiso de $5.321.049.272,42 sobre los bienes de todos los condenados luego de su correspondiente actualización, como lo solicitó Luciani al alegar al finalizar el juicio oral.