A dos décadas de la masacre de Cromañón, la Legislatura Porteña finalmente dio luz verde a la reforma de la Ley de Reparación Integral creada en 2013. Pero si bien la ley funciona como un "paliativo", los familiares no se mostraron conformes con la resolución.
"Nosotros nos planteamos hacer una reforma integral, pero no salió lo que presentamos. El Ejecutivo planteó algo horrible, aunque tras nuestras presentaciones, lo que salió en la ley fue lo mejor que se pudo hacer", comentó a C5N Silvia Bignami, mamá del fallecido Julián Rozengardt, de 18 años, e integrante de Movimiento Cromañón.
En ese sentido, resaltó los aspectos positivos de la nueva normativa, que contempla salud física, mental, medicamentos e integra consumos problemáticos. También devuelve a los familiares los subsidios que les habían quitado en caso de haber perdido a dos o más seres queridos. Ya que ahora será un subsidio por fallecido. A la vez, diferenció que no se trata de una pensión, sino de una ayuda económica porque "no tienen compatibilidad con otra pensión".
Como contracara, Bignami puntualizó en el hecho de que "el Estado no sabe cuántos sobrevivientes son en realidad, por lo que ahora tiene un problema: amplía los derechos y va a tener que investigar quién es quién. Algunas de las condiciones que se ponen para ser sobreviviente no son tan fáciles de resolver".
El principal punto de desacuerdo tiene que ver con una cuestión de fechas. Según lo que le explicó Nicolás Papolla, sobreviviente de la masacre, "existe un programa de atención en salud que en un primer momento el Ejecutivo aceptaba, para que se puedan incorporar como beneficiarios plenos de la ley aquellos pacientes que habían ingresado hasta el 31 de diciembre del 2023, dejando fuera a todos los pibes y todas las pibas que habían entrado durante 2024".
"Dejaron afuera aproximadamente a 30 sobrevivientes por haber ingresado al programa de salud en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con el argumento de que esos pibes y pibas fueron a hacerse pacientes de un programa de salud especulando con que podían llegar a tener la posibilidad de ser reconocidos como víctimas por el Gobierno de la Ciudad", completó.
En la misma línea, agregó que "aún hoy, 20 años después, se les sigue negando el derecho a un montón de sobrevivientes a ser reconocidos como víctima de una ley mientras que en la estación de tren de Once, denominada '30 de diciembre', te pegan un cartel que dice '4.500 sobrevivientes. Algunos de ellos puede estar viajando junto a vos'".
Se estima que hasta la sanción de la ley había solo 1.600 sobrevivientes reconocidos oficialmente, y con esta ella van a poder ser reconocidos como mucho 600 sobrevivientes más. "Entonces todavía nos quedan 2.300 sobrevivientes afuera. Nos hace ruido que desde el Estado estén preocupados porque no se le cuele nadie más que por cumplir derechos. Desde el gobierno no nos querían compartir el padrón de la gente atendida por los servicios de salud", concluyó.
Fuente: 5CN