La Subsecretaría de Energía bonaerense, encendió las alarmas luego que gobierno nacional tomara la decisión de intentar impedir el cobro del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias en las facturas del servicio eléctrico de las distribuidoras y cooperativas eléctricas.
“El escenario de las pequeñas distribuidoras municipales corre peligro”, señalaron desde el área de Energía. Al tiempo que explicaron que la resolución nacional (Nº 267/2024 del Boletín Oficial) pretende quitar de la factura uno de los tres conceptos fundamentales e inherentes al servicio eléctrico como lo es el del Fondo Compensador.
Este último, creado por la Ley 11769 (Art. 45) tiene el propósito de compensar las diferencias de costos propios de distribución reconocidos entre los distintos concesionarios provinciales y municipales, y posibilita que usuarios de características similares de consumo en cuanto a uso y modalidad, abonen por el suministro iguales cantidades de energía eléctrica e importes equivalentes independientemente de las particularidades de su ubicación geográfica o forma de prestación.
Además, resaltaron que dicho fondo resulta de vital importancia para la estabilidad del sistema eléctrico provincial en tanto que asegura la prestación uniforme de los servicios públicos en cuanto a la continuidad, calidad y precio. Preserva la equidad e igualdad entre todos los prestadores y contribuye a alcanzar un régimen tarifario y de prestación de servicios único.
En ese sentido, subrayaron que en el territorio bonaerense 197 de los 204 prestadores de servicios eléctricos reciben este fondo, con montos que varían según características como el grado de ruralidad y el tamaño de cada distribuidora, de manera de reforzar a aquellas distribuidoras más rurales y de menor tamaño. Si el fondo compensador no existiera, más de 100 localidades de la Provincia de Buenos Aires perderían su capacidad para sostener el servicio eléctrico.
Desde el gobierno bonaerense, al mando de Axel Kicillof, manifestaron que además de avanzar sobre la quita de la factura de los conceptos propios del servicio eléctrico, el gobierno nacional intenta quitar los conceptos ajenos, por lo que aseguran que atenta contra las cooperativas eléctricas bonaerenses, fundamentales para garantizar el acceso a la electricidad en áreas que a menudo no son atendidas por grandes empresas eléctricas, y por consiguiente para el desarrollo económico y social de esas comunidades.