La nueva normativa tiene como objetivo eliminarlos “privilegios heredados” en la administración pública, garantizando que el acceso a los cargos se base exclusivamente en el mérito y la competencia.
Además del enfoque en las contrataciones, el decreto establece la creación de comités de evaluación independientes que supervisarán los procesos de selección en toda la administración pública, garantizando imparcialidad a través de informes públicos sobre cada concurso. La idea es que estos comités estén compuestos por miembros que no tengan vínculos con el Gobierno, para evitar cualquier tipo de favoritismo.
El Gobierno también ha implementado medidas disciplinarias severas, incluyendo la suspensión y destitución para aquellos funcionarios que incumplan las nuevas regulaciones. Esto refleja una intención clara de combatir la corrupción y establecer un entorno laboral más justo en el sector público.
La Oficina Anticorrupción será la encargada de realizar auditorías periódicas para asegurar que se cumplan las nuevas regulaciones y para monitorear la integridad de los procesos de contratación.