sábado 09 de noviembre de 2024
- Edición Nº2166

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La UBA denuncia violación de su autonomía por parte del Gobierno

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido tomar acciones legales para salvaguardar su autonomía, al considerar que las auditorías encargadas por el Gobierno a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) constituyen una intervención inconstitucional. Esta decisión fue anunciada recientemente por el Rectorado de la UBA, quien afirmó que la auditoría comenzará el próximo lunes 28 de octubre.



La UBA recordó que la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19, protege la autonomía de las universidades, las cuales deben operar sin dependencia del Poder Ejecutivo y en su lugar ser reguladas exclusivamente por el Congreso. Además, citaron fallos de la Corte Suprema que han confirmado esta posición, estableciendo que cualquier intervención del Gobierno en las finanzas o actividades académicas de las universidades es inapropiada.

La universidad ya cuenta con un sistema de control interno administrado por la Auditoría General de la Nación (AGN), creado mediante la Resolución (CS) N° 8237/13, y rechaza cualquier intento de la SIGEN de intervenir en sus asuntos. Ricardo Jorge Gelpi, rector de la UBA, calificó la decisión del Gobierno de “unilateral” y advirtió que podría traducirse en una violación de la autonomía constitucional.

La Ley de Administración Financiera (N° 24.156) establece que las competencias de la SIGEN se limitan a las jurisdicciones del Poder Ejecutivo, excluyendo a las universidades nacionales. Por su parte, la Ley de Educación Superior (N° 24.521) otorga a la AGN el control administrativo externo de estas universidades.

Por esta razón, el Consejo Superior de la UBA ha instruido a su Dirección de Juicios para que inicie las acciones judiciales pertinentes para defender su autonomía.

El anuncio de las auditorías por parte del Gobierno surgió tras una resolución de la Procuración del Tesoro que habilita a la SIGEN a realizar auditorías en las universidades. Esta medida sucede en un contexto de tensión en el ámbito universitario, marcado por protestas y conflictos luego de que el presidente Javier Milei firmara un veto relacionado con el financiamiento educativo.

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