
En declaraciones a infomiba Gonzalo Zamudio, sobreviviente de la tragedia explicó que la iniciativa es el resultado del "trabajo en unidad entre 8 organizaciones de familiares y sobrevivientes de la masacre que tiene como objetivo reparar de manera integral y definitiva a las víctimas".
En el año 2013, nueve años después de la masacre, la Legislatura aprobó la primera norma que reguló la reparación, y desde entonces la ley funciona con prórrogas provisorias, por lo que las organizaciones deben pelear por su renovación cada tres años. La última prórroga fue a fines de 2021 y vence en diciembre de este año. En este sentido, Zamudio explicó que: “el principal objetivo que perseguimos las organizaciones es que la reparación integral sea declarada de carácter vitalicio” para ponerle fin a la situación revictimizante que se produce al otorgarle temporalidad a la subvención económica.
Luego aparece la ampliación del registro a cargo de la Subsecretaria de Derechos Humanos la ciudad. El punto es uno de los más importantes del proyecto ya que “desde hace años que existe una gran cantidad de sobrevivientes y familiares que quedaron por fuera del padrón sin posibilidad de reapertura”.
El carácter "integral" de la reparación está dado, en tanto, por los diversos mecanismos propuestos por las organizaciones, algunos ya previstos en la ley actual y otros no. Actualmente ya existen programas de salud y de inserción laboral. Los familiares y sobrevivientes plantean "fortalecer" esos programas y sumar otros como en el caso de la educación.
En este sentido Zamudio informó que además de la presentación pública que realizaron del proyecto vienen teniendo reuniones con distintos bloques que se comprometieron a apoyar la medida.
Las ocho organizaciones que presentaron el proyecto son: El camino es cultural, Movimiento Cromañón, No nos cuenten Cromañón, Ni olvido ni perdón, Organización 30 de diciembre, Sin derechos no hay justicia, Plaza los pibes de cromañon presentes y Que no se repita.