
Los fallos favorablemente firmados por los jueces federales Luis Armella, Alberto Papavero y Adrián González Charbay otorgan a estos municipios la posibilidad de eludir las restricciones impuestas por la resolución.
En el caso específico de Quilmes, el juez Luis Armella dictó una medida cautelar interina que suspende los efectos de la Resolución Nº 267/2024, permitiendo al municipio seguir percibiendo tributos locales en las boletas de energía eléctrica y gas.
La administración de la intendenta Mayra Mendoza argumentó que la prohibición podría ocasionar pérdidas mensuales de 500 millones de pesos, destacando la importancia de mantener la percepción de la tasa de alumbrado público. Desde la comuna, se reclamó la inconstitucionalidad de la resolución impugnada, enfatizando que esta vulnera la autonomía municipal y el funcionamiento de los servicios esenciales.
La presentación judicial del municipio de Quilmes también remarcó que, desde 2001, se ha ejercido una libertad de contratación con Edesur S.A. para el cobro de la tasa de alumbrado, hecho que se encuentra respaldado por una ordenanza del Concejo Deliberante y por resoluciones del ENRE. Además, subrayó que la Ley Nº 10.740 de la provincia de Buenos Aires otorga a los municipios la facultad de convenir con las empresas prestadoras de cobertura eléctrica sobre la percepción de tasas municipales.
San Martín, bajo la dirección del intendente Fernando Moreira, también logró un fallo similar emitido por el juez Papavero, quien había otorgado previamente una medida paralela al intendente de Tigre. Moreira expuso en su argumentación que, a pesar de experimentar un aumento del 105% en la recaudación de la Tasa de Alumbrado, este incremento es insuficiente frente al 475% de aumento que han experimentado las tarifas de Edenor, generando un déficit significativo para su municipio.
Asimismo, la municipalidad de San Martín enfatizó que la percepción de la tasa de alumbrado público a través de Edenor se encuentra autorizada por la Ley provincial N° 10.740, que se complemente con otra normativa provincial. En su defensa, Moreira cuestionó la reciente postura del ENRE, argumentando que sería irracional negarle a los municipios la capacidad de acordar con las empresas distribuidoras de energía la manera en que deben recaudar las tasas correspondientes.
Por otro lado, el municipio de Escobar ya contaba con una medida cautelar interina firmada por el juez González Charbay, que le permitía continuar cobrando la Tasa Municipal de Alumbrado Público y otros tributos en las facturas de servicios. En una reciente decisión, el juez ratificó la medida por un plazo adicional de seis meses, afirmando que la resolución 267/2024 debía quedar suspendida hasta que se decidiera sobre el pedido de medida cautelar.
Estos fallos a favor de los intendentes peronistas de Quilmes, San Martín y Escobar se suman a decisiones anteriores que benefician a otros municipios peronistas como Pilar y Tigre. Mientras tanto, otros intendentes como Juan Andreotti de San Fernando y Lucas Ghi de Morón están a la espera de resoluciones en sus respectivos casos judiciales sobre esta problemática. La situación se agrava en el contexto de advertencias de Caputo sobre un posible cierre de sucursales del Banco Nación en municipios que, según él, cuestionan injustificadamente los aumentos en las tasas municipales.