
El conflicto en Azul se desató tras la implementación de un decreto que declaró la emergencia económica y administrativa, basado en argumentos de crisis financiera. Este decreto incluyó descuentos en los salarios de los empleados municipales, lo que llevó a reacciones inmediatas por parte de los trabajadores y sus representantes sindicales. A raíz de esta situación, se llevaron adelante jornadas de acampe frente al municipio y paros que afectaron durante días los servicios esenciales, que quedaron prácticamente paralizados.
Los trabajadores exigieron la restitución completa de sus haberes, luego de observar descuentos de entre el 15% y el 24% en sus salarios. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se explicó que "cuando vimos que el ejecutivo no había pagado la totalidad del salario de los trabajadores, se inició una medida de fuerza de 48 horas". A pesar de la presión y las medidas de fuerza, el intendente Nelson Sombra se mantenía firme en su postura, argumentando que las acciones eran necesarias para preservar la viabilidad económica del municipio.
Finalmente, tras intensas negociaciones y un contexto social muy tenso, el intendente Sombra accedió a abonar todos los montos adeudados. "El ejecutivo anunció un pago adicional del monto adeudado por los descuentos percibidos con los haberes del mes de septiembre antes del día miércoles", afirmaron desde ATE, aliviando así a un grupo de trabajadores que se sentía profundamente agraviado por la situación.
Sin embargo, la resolución del conflicto no sólo se limitó al pago de salarios. La renuncia del presidente del Concejo Deliberante de Azul, Juan Louge, también fue un hecho notable que ocurre en el marco de la crisis. Louge, quien continúa como concejal del bloque Podemos Azul, dignificó su renuncia a razones personales, aunque queda latente la percepción de que los problemas laborales y de liderazgo que atraviesa la municipalidad son parte de un entramado más complejo.
Eduardo Bercovich, secretario general de ATE Azul, advirtió en declaraciones a infomiba sobre la necesidad de avanzar en una solución de fondo que no solo contemple los salarios. "Vamos a seguir teniendo otras reuniones tanto con el ministerio como el municipio para buscarle la solución de fondo", enfatiza. Además, Bercovich recordó que se había presentado la inconstitucionalidad del decreto que provocó las bajas salariales, y que se esperaba un fallo en tal sentido: “Estamos esperando que falle el juez para que le dé inconstitucionalidad al decreto y sentarnos con el ejecutivo para darle una solución”.
La situación en Azul evidencia un problema que atraviesa a muchas municipalidades en el país, donde los ajustes económicos afectan a los trabajadores que ya enfrentan una carga impositiva y retributiva considerable. Mientras tanto, el intendente Sombra sostiene que "la medida no es en contra de los trabajadores, sino que afecta a toda la comunidad cuando no se pueden garantizar los servicios públicos". Sin embargo, los trabajadores reiteran la importancia de un diálogo abierto que contemple sus derechos y condiciones laborales.
La huelga y el acampe han sido reemplazados por promesas, pero la verdadera prueba será si se llevan a cabo los pagos y se inician las conversaciones en busca de una solución duradera.
“Agradecemos a los trabajadores, delegados y comisión directiva de la asociación trabajadores del estado por haber acompañado la lucha de los salarios de los trabajadores”, concluyen desde ATE, mientras esperan ver los resultados a largo plazo de este tenso conflicto. En palabras de Bercovich, “el ejecutivo tiene que defender las arcas municipales, nosotros no le tenemos que decir cómo tiene que hacer para ahorrar. Sí le tenemos que decir que pague los salarios, la apertura de paritarias y la recategorización de los empleados”.
Por último, el delegado gremial confirmó que este miércoles 16 fueron convocados a una nueva reunión entre las partes en el Ministerio de Trabajo para avanzar con los pedidos que vienen realizando los trabajadores.