El Gobierno cerró una empresa ferroviaria y despidió a 1.388 empleados

El gobierno de Javier Milei disolvió Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), y despidió a 1.388 empleados. Se trata de una empresa estatal ferroviaria que no operaba trenes, sino personal. De este modo, según fuentes oficiales, la medida implicará un ahorro de $42.000 millones anuales.

Era una de las 5 empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos y que fue la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, fue creada para “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria”. Entre sus unidades estaban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria y el Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, explicó en conferencia de prensa que se trata de “una empresa ferroviaria que no tenía funciones, o funciones que estaban duplicadas en las empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personas del Estado de 1.388 puestos de trabajo a menos que el Estado no va a tener que pagar”. Y detalló que la decisión de disolverla tiene el objetivo de “eficientizar el uso de los recursos con el objetivo de cumplir el equilibrio fiscal”.

En esa línea, subrayó: “Entre 2019 y 2023 DECAHF se transformó en una empresa que realizaba obras públicas (cuando no le correspondía por estatuto) y contrataba artistas populares con la única finalidad de satisfacer necesidades políticas-partidarias. En esos años gastó 10 millones de dólares para ejecutar obras completamente innecesarias para el sector ferroviario y 80 millones de pesos en la contratación de artistas para espectáculos, función que nada tenía que ver con sus objetivos”. Al tiempo que detalló: “Cada una de las 5 empresas ferroviarias contaba con un área de género, con personal completamente sobredimensionado que no asistía a sus puestos de trabajo en muchos casos y con funciones que se duplicaban”.

Por último, Mogetta aseguró: “No vamos a permitir que el estado gaste un peso más del necesario para su funcionamiento. Hoy estamos reduciendo un costo mensual mayor a los 3.200 millones de pesos y cada vez que encontremos funciones duplicadas vamos a trabajar para eliminarlas. No podemos permitir que en la Argentina con 53% de pobres, se gaste un peso en sueldos privilegiados o estructuras innecesarias”.

Por otro lado, se eliminó el Instituto Argentino del Transporte, un ente creado en 2014, que, según el Gobierno, “nunca funcionó ni emitió una decisión o acción”. Este tenía inicialmente el objetivo de “participar en la elaboración del Plan Estratégico del Transporte y brindar asesoramiento al Ministerio sobre el particular; convocar, integrar y articular los sectores público y privado a ese fin vinculados al transporte; propiciar la investigación, capacitación y distribución de la información relacionada al transporte; así como colaborar en la elaboración de todo tipo de programas y acciones tendientes a la mejora constante del transporte”.

Asimismo, desde el Gobierno consideraron en la resolución que “desde la creación del referido Instituto se ha observado que muchas de las funciones y tareas se han superpuesto con las responsabilidades de otras áreas de la Administración Pública Nacional tales como la Secretaría de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial, las cuales ya tienen a su cargo la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte”.

A su vez, se subrayó que la decisión va en línea con las medidas tomadas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei “tendientes a equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país”.

La motosierra de Milei  ya despidió a 28.000 trabajadores públicos entre diciembre de 2023 y julio de 2024, equivalente a una reducción del 5,7% del personal. Puntualmente, en las empresas del Estado la nómina se redujo en casi 9.900 empleados. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esto permitió un ahorro de $36.000 millones.