La propuesta surge como respuesta a los significativos aumentos en las tarifas de energía eléctrica y gas que afectan la viabilidad económica de las familias y empresas del distrito.
Ayala destacó la importancia de que la Defensoría del Pueblo adopte medidas para defender los intereses de los usuarios ante el aumento de tarifas, que oscilan entre el 100 y 300%.
La concejala alertó sobre el impacto de estos aumentos en los grupos familiares más vulnerables, que podrían enfrentar serias dificultades para afrontar los costos.
El proyecto también exige una respuesta del Ministerio de Economía y de los entes reguladores para revertir los aumentos y garantizar costos accesibles.
Ayala hizo hincapié en que las tarifas ya consumen más del 15% del salario promedio de los trabajadores, y advirtió que las medidas tarifarias actuales comprometen el derecho humano a la accesibilidad a servicios esenciales.
“No se trata solo de los aumentos de este mes. A largo plazo, estos costos generarán deudas y punitorios que serán imposibles de afrontar para muchos. Esto es un problema social y económico que afecta a toda la comunidad”, explicó la edil que impulsa la declaración de la Emergencia Social Tarifaria.
El proyecto apunta a que la Defensoría del Pueblo “arbitre todos los medios necesarios a efectos de instrumentar las acciones administrativas y judiciales que resulten pertinentes a fin de ejercer la defensa de todos los usuarios de luz y gas en función del carácter público de primera necesidad del servicio y de su imprescindible continuidad”.