El Senado dio luz verde a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Después de que la Cámara de Diputados rechazara un DNU que otorgaba 100 millones de dólares en gastos reservados a la SIDE, el Senado aprobó la ley de movilidad jubilatoria con 61 votos a favor y ocho en contra, cumpliendo así el requisito de los dos tercios y modificando el modelo previamente propuesto por el Ejecutivo a través de un DNU.

En esta votación, los bloques de Unión por la Patria y la UCR alcanzaron un acuerdo para avanzar con el proyecto que había obtenido media sanción en Diputados. El apoyo del PRO y de algunos senadores provinciales permitió que se lograra la aprobación con los dos tercios requeridos.

Mariano Recalde, de Unión por la Patria comentó que “el sistema previsional argentino enfrenta una crisis debido a la situación económica del país. El Estado debe asumir su responsabilidad”, añadiendo que “aprobar esta ley es un acto de justicia y reparación. Si en 2015 un jubilado podía comprar 49 kilos de asado, hoy solo puede adquirir 29. Es urgente corregir esta pérdida porque los jubilados lo merecen”.

Lousteau, a su vez, destacó que la propuesta busca ajustar las jubilaciones mensualmente en función de la inflación para proteger el poder adquisitivo de los jubilados, señalando que desde 2017 estas pensiones han perdido un 45% de su valor.

Aunque se llegó a un consenso general sobre el proyecto, Lousteau comentó que la privatización de las jubilaciones “ha sido uno de los principales problemas que desarticularon nuestro sistema”, haciendo énfasis en que fue el peronismo quien implementó esa medida.

Algunos senadores presentaron propuestas de modificación, especialmente en relación con una cláusula gatillo anual que se aplicaría cuando los salarios superen a la inflación, sugiriendo que este ajuste fuera del 25% en vez del 50% propuesto, pero la modificación no fue aceptada.

Las votaciones específicas de cada uno de los artículos de la norma, que consta de 13 artículos, mostraron que el oficialismo no contaba con el respaldo suficiente, con derrotas en cada intento de modificación, especialmente en los artículos críticos.

El proyecto aprobado ahora será enviado al Ejecutivo, que ha manifestado su intención de vetarlo.

Este establece una actualización mensual en función del último dato disponible del IPC y añade una compensación del 8,1%, dado que el incremento del 12,5% otorgado por el Gobierno no cubrió el 20,6% de inflación de enero. A su vez, se garantiza que el haber mínimo cubra la canasta básica del adulto mayor, un aspecto que el Ejecutivo quería aplicar desde julio, mientras que la oposición buscaba un retroactivo a febrero.

Además, la norma asegura que la canasta básica se mantenga actualizada tras el pago de los haberes, introduciendo un mínimo equivalente a 1,09. Este detalle tampoco fue respaldado por la Casa Rosada, aunque algunos en el diálogo consideraron que el enfoque de Diputados estaba desmedido.

Durante el debate en Diputados, se propuso priorizar el pago de juicios relacionados con reajustes de haberes y deudas de 13 provincias con las cajas previsionales nacionales, utilizando fondos de la ANSES, pero sin afectar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Esto implica que se cubrirán con tributos designados específicamente para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA, lo que para el Ejecutivo representa el fin del déficit cero.

Finalmente, en la sesión ordinaria también se aprobó y se envió a Diputados un proyecto que establece penas de entre 5 y 15 años de prisión para quienes reciban o entreguen ilegalmente a personas menores de edad, mediando o no compensación económica.