
El Gobierno anunció que "se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere".
En cuanto a las obras en curso, el Gobierno remarcó que en caso de haber "irregularidades" podrá optar por la "recuperación de los fondos", mientras que en el caso "no mediar incumplimiento de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor" derivará el costo de las obras a las provincias y municipios.
Para las obras que no pueden ser absorbidas por las administraciones provinciales o municipales, el Gobierno evaluará de "manera restrictiva y fundada", la conveniencia o no de continuar con su ejecución.
Para eso tendrá en cuenta "el grado de avance de la obra; el interés público comprometido en la ejecución de la obra; y los costos que conlleve la ejecución de la obra".
En ese sentido, el texto aclara que para aquellas obras en las que se decida continuar la "asistencia financiera" del Estado nacional habrá un "plazo máximo de 120 días" para culminarlas, desde la vigencia de esta Resolución. Además, se remarca que luego de seis meses de cumplido este plazo, se discontinuará el programa "Argentina Hace".
El Gobierno argumentó esta decisión al afirmar que busca "lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional” y que, "ante la severidad de la crisis que atraviesa el país”, el Ejecutivo decretó "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025".