El Gobierno nacional reducirá un 40% los Registros del Automotor

El Gobierno nacional anunció el cierre del 40% de los Registros del Automotor,así como también una reducción del personal del sector y la eliminación de la obligatoriedad de la cédula azul para circular.

“Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos“, anunció el Ministerio de Justicia.

Según detallaron, la medida se tomó de acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

Además, se determinó que ya no será necesaria la “cédula azul” para que un conductor pueda manejar un vehículo que no sea de su propiedad. Bastará con mostrar la “cédula verde” en formato digital, la cual ya no tendrá vencimiento. Asimismo, la cartera de Justicia confirmó que “se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas“.

En esa línea, detallaron que los titulares de los registros seccionales “se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad, el Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros”.

Por otro lado, el oficialismo informó que “se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos“.

Además, la administración de Javier Milei le propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

Por último, implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.