La advertencia de la CIDH al gobierno argentino

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su "profunda preocupación" por los actos de "represión policial" contra manifestantes y periodistas registrados en las inmediaciones del Congreso nacional durante el tratamiento de la Ley Ómnibus e instó al estado argentino a "investigar las denuncias" y a "respetar el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la labor periodística". A través de un comunicado, la CIDH junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), alertaron sobre el registro de "denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil que señalan un uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas" durante las protestas realizadas la semana pasada en Plaza Congreso contra la iniciativa del Gobierno conocida como Ley Ómnibus.

"Hacemos un llamado al Estado argentino para garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente de las personas manifestantes y trabajadores de la prensa, asegurando que quienes deseen protestar pacíficamente puedan hacerlo y que periodistas puedan realizar su labor informativa sin temor a represalias o violencia de parte de autoridades o particulares", solicitó el organismo internacional. Asimismo, instó al Estado argentino a "investigar las denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza pública registradas y a sancionar a los agentes de seguridad responsables en caso de ser procedente; así como investigar cualquier situación de violencia atribuible a particulares".

También recordó que como "garantes de los derechos fundamentales de las personas", las autoridades públicas de cualquier Estado deben "abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes que expongan a periodistas a un mayor riesgo de actos de violencia, que aumenten el contexto de hostilidad e intolerancia hacia su labor". La CIDH efectuó su recomendación en base a la recepción en las últimas semanas de "denuncias por declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades descalificando la labor de mujeres periodistas, así como en contra de personas manifestantes, congresistas y opositores" en el país.

Más concentración de los medios, menos libertad de expresión

Así titulan su comunicado, medios de comunicación comunitarios, carreras de comunicación social y periodista, trabajadores de prensa, y representantes de organismos de Derechos Humanos, que plantearon con preocupación: "En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado".

Asimismo alertaron que: "la convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad".

"A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística", remarcaron por último.