El gobierno suspendió la entrega de medicamentos oncológicos a personas vulnerables

El Gobierno nacional tomó la decisión de cerrar “momentáneamente” la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), organismo encargado de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos oncológicos a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta medida afectará a miles de adultos, adolescentes, embarazadas y niños que padecen enfermedades crónicas, discapacitantes y patologías agudas urgentes, quienes ahora se enfrentan a la interrupción de sus tratamientos.

La DADSE, dependiente del Ministerio de Capital Humano, tenía como objetivo brindar asistencia a aquellos individuos y familias que carecían de cobertura médica y se encontraban en situaciones de vulnerabilidad social y sanitaria. Sin embargo, a través de una resolución del Poder Ejecutivo nacional, se suspendió la acción de dicho organismo, alegando la necesidad de revisar los circuitos administrativos para garantizar la transparencia, igualdad y legalidad en su gestión.

Este cierre repentino generó gran preocupación en la sociedad debido a las graves consecuencias que tendrá para aquellos pacientes que dependen de los medicamentos oncológicos para su tratamiento. La falta de acceso a estos fármacos puede significar un retroceso en la salud de las personas afectadas, poniendo en riesgo su vida e intensificando el sufrimiento físico y emocional que conlleva enfrentar una enfermedad de esta magnitud.

El cartel colocado en las instalaciones de la DADSE informa de manera escueta que el cierre es "momentáneo" y se debe a una "readecuación en los sistemas y procedimientos". Esta explicación deja a los pacientes en una situación de incertidumbre, ya que no se brinda una fecha concreta para la reanudación de las actividades del organismo ni se establecen medidas alternativas para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Ante esta situación, diversas organizaciones y profesionales de la salud manifestaron su preocupación y pedido al Gobierno por una pronta solución que garantice el acceso a los medicamentos oncológicos para todas las personas en situación de vulnerabilidad. Además, se exige una mayor transparencia en la gestión y una revisión exhaustiva de los circuitos administrativos para evitar situaciones similares en el futuro.

Esta decisión gubernamental pone en peligro la salud y la vida de los pacientes, quienes ven interrumpidos sus tratamientos y se ven obligados a enfrentar una realidad aún más difícil.