El escándalo mediático ha estallado recientemente en torno a los tres funcionarios del gobierno de Javier Milei: Manuel Adorni, vocero presidencial; Eduardo Serenellini, Secretario de Medios; y Javier Lanari, Subsecretario de Medios. Estos tres individuos han sido históricos detractores del Estado, criticando su funcionamiento y a aquellos que de él se benefician. Sin embargo, paradójicamente, los tres actualmente ganan sueldos superiores a los tres millones de pesos.
La investigación, llevada a cabo por un medio nacional, ha revelado hechos que no hacen más que aumentar la hipocresía de estos funcionarios y poner en evidencia su doble discurso. Por ejemplo, se descubrió que la esposa de Adorni cobraba la Asignación Universal por Hijo, un subsidio al que él mismo se refirió de manera denostativa y despectiva en múltiples ocasiones. Además, se supo que Adorni se benefició de un juicio laboral en su antiguo trabajo, a pesar de que ha criticado duramente a aquellos que buscan vivir de demandas judiciales y dañar a las pequeñas y medianas empresas. También se descubrió que recibió créditos del Estado para mejorar su vivienda.
El caso de Serenellini tampoco queda exento de polémica. Este funcionario es conocido por recomendar a la gente que coma solo una vez al día, lo cual demuestra su desconexión con la realidad de aquellos que luchan diariamente por llegar a fin de mes. A pesar de que sus intenciones de concentrar poder se han visto truncadas y sus funciones han sido disminuidas, parece que Serenellini se ha encariñado con su posición y se mantiene aferrado a su silla, según rumores de pasillo.
En cuanto a Lanari, ex columnista y recurrente en los pasillos de La Nación +, su caso no es menos escandaloso. A pesar de ocupar una subsecretaría con tareas empobrecidas, se conoce que mensualmente percibe sustanciosas sumas de dinero. En lugar de dedicarse a cumplir con sus responsabilidades, es común verlo con el celular en mano, tuiteando y haciendo un uso desmedido de la industria de los memes. Además, ha elogiado gestiones polémicas como la de Bukele en El Salvador, formando parte de la cohorte de quienes adulan y pretenden trasladar ese modelo a Argentina.
El comportamiento y las acciones de estos tres funcionarios son una clara muestra de la hipocresía y el cinismo que abundan en la política. Criticar al Estado y a aquellos que se benefician de él mientras se lleva una vida de privilegios y se hacen uso de los recursos públicos para beneficio personal es inadmisible. Estos hechos evidencian una falta de ética y de compromiso con el bienestar de la sociedad a la que supuestamente deberían servir.
En ese marco, resulta más que nunca la vigilancia y alerta de la ciudadanía, y la exigencia de transparencia y coherencia por parte de aquellos que ostentan cargos públicos, habidas cuentas a que resulta inadmisible “no hacer lo que se dice”, y la ausencia total de un verdadero compromiso con el bien común y el fin de los beneficios para unos pocos.