Abad pidió una ley antilavado “sin ambigüedades"

El proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del “Lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva” fue analizado en un plenario de las Comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda del Senado Nacional.

Allí participó el senador de la UCR, Maxi Abad, quien describió que la finalidad es que nuestro país cumpla con los estándares internacionales.

“El GAFI nos recomienda que acotemos y no seamos imprecisos en la definición de delitos de terrorismo. El proyecto actual no cumple este requisito”, por lo tanto, propuso que “se determine claramente y sin ambigüedades cuando estamos frente a un delito de terrorismo acorde al Convenio de la ONU”, comentó Abad.

El lavado es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.

Existe un proyecto que el presidente Javier Milei incluyó para su discusión en el período de sesiones extraordinarias del Congreso, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales. También existe otro remitido por la gestión de Alberto Fernández, aprobado en Diputados en abril de 2023 y que necesita la aprobación del Senado.

La sanción de la ley es considerada “clave para el Gobierno ya que en octubre de este año habrá una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe adaptar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad”.

Transparencia

Otro aspecto saliente es la designación del presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para lo cual Maxi Abad solicitó que “debe ser transparente e independiente. Por eso propuse que sea seleccionado por una Comisión ad-hoc”. Además, consignó que “el ámbito adecuado para el desempeño de sus funciones, por su objeto es el Ministerio Público Fiscal asegurándole su autonomía y autarquía (actualmente funciona en el Ministerio de Economía), para garantizarse que la UIF siga siendo querellante en asuntos de crimen organizado graves. El Estado debe ser implacable en el combate de estos tipos de delitos”.

En la Argentina, entre 2017 y 2021 se iniciaron en el país 1.386 procesos penales por lavado de activos y solo se dictaron 58 condenas. De éstas, alrededor de un cuarto ni siquiera encuadran dentro de casos de gravedad: 14 son sentencias a personas que ingresaron o sacaron dinero sin declarar por las fronteras. Otras 34 fueron por activos provenientes de la narcocriminalidad, y con una notable escases en recupero de activos del lavado de dinero.

Un informe señala que se identificaron 41 organizaciones criminales de envergadura en nuestro país dedicadas al narcotráfico, trata de personas o intermediación financiera no autorizada. El narcotráfico movilizaría más de 230 millones de dólares anuales en el país, de acuerdo con una estimación del informe, mientras que los delitos aduaneros superan los 451 millones anuales.