Auditoria en la Municipalidad de La Plata: se detectó que un fallecido y varios delincuentes cobraban un sueldo

Días atrás, en La Plata, la nueva gestión municipal a cargo del intendente Julio Alak ordenó una auditoria general que arrojó polémicos resultados en relación a operaciones financieras y administrativas durante el gobierno de Julio Garro. Según detallaron desde el municipio, el informe que el alcalde recibió por parte de la Asociación de Auditores Internos del Estado (AAIE), que preside la contadora Vilma Castillo, "da cuenta de situaciones de gravedad administrativa y financiera en el interior de la Municipalidad de La Plata y ratifica los datos ya recabados por la actual gestión".

La auditoría, que se desarrolló entre el lunes 18 de diciembre y el viernes 19 de enero, trabajó sobre puntos críticos, como la sobredimensión de la estructura del personal, las contrataciones directas y la transparencia municipal. De esta manera, se determinó que, sobre un total de 12.573 agentes, el 56% de las personas que cobran no asisten a trabajar, por lo que ya comenzó a implementarse el sistema biométrico que permite fiscalizar el ingreso y egreso a través del escaneo de la huella digital.

En paralelo, el gobierno actual detectó que un hombre que ingresó en 2019 y falleció en 2021 siguió cobrando el sueldo hasta diciembre de 2023. Otro dato alarmante es el que dio cuenta de que 13 personas detenidas por delitos como robos, homicidios y abusos seguían percibiendo sus salarios y que otros 98 empleados tenían antecedentes penales al momento de incorporarse al Municipio entre 2015 y 2023.

En cuanto al análisis referido al personal, el informe arrojó que la Municipalidad carece de procedimientos escritos de control interno que aseguren confiabilidad en las operaciones y permitan mejorar los servicios. En tanto, se comprobó que durante los últimos 8 años ingresaron más de 6.000 agentes que equivalen al 52 % del total de la planta actual y que la anterior gestión casi duplicó la planta recibida.

A la vez, se determinó que las decisiones y actos tomados en estos años, vulneran la Regla de Fin de Mandato (correspondiente a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13295) comprometiendo gastos corrientes de carácter permanente.