Por una cautelar, suspenden los aumentos de transporte público en el AMBA

La Justicia Federal de Lomas de Zamora anunció el miércoles la suspensión del procedimiento de consulta pública implementado por el Gobierno para determinar el nuevo esquema tarifario del transporte público.

Esta medida, que detiene los incrementos anunciados por la Secretaría de Transporte, se basa en la falta de un "adecuado procedimiento" en la participación ciudadana para establecer los nuevos costos de los pasajes de los servicios de trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La resolución emitida por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°3 fue en respuesta al rechazo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

El jefe comunal cuestionó el método implementado por la administración de Javier Milei para recabar opiniones sobre el tema, el cual implica la opción de dejar comentarios en el sitio web de Mi Argentina.

"Hacen una truchada absoluta, porque lo que hacen es que te invitan a una web donde hay consultas, te inscribís partir de Mi Argentina y tenés cinco mil caracteres para expresar tu opinión sobre el aumento. Es un chat donde opinas escuetamente sobre esto que pasa, con eso dan por cumplida la audiencia y pasan directamente al aumento", sostuvo el jefe comunal este miércoles en una entrevista con el canal A24.

"Transporte tiene que reformular, en principio abarca al área metropolitana", contó el entorno de Gray.

Según la decisión judicial, el jefe comunal presentó una acción de amparo "contra el Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Infraestructura - Secretaria de Transporte, a fin de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución nro. 616/18 del Ministerio de Transporte y la nulidad absoluta de la Resolución 1/2024 RESOL-2024-1-APN-ST#MINF de la actual Secretaría de Transporte, que da inicio al proceso de modificación de tarifas, por entender que se violan las garantías constitucionales".

De este modo, la medida cautelar detiene los efectos del proceso de consulta pública, establecido por la Resolución 1/2024, que tenía como objetivo modificar la estructura tarifaria del transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano de jurisdicción nacional, así como del transporte ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional.

La suspensión será "por el plazo de cinco días, tiempo durante el cual se deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos enunciados, readecuando el procedimiento de participación ciudadana".

Sin embargo, la decisión del juez Ernesto Kreplak, actuando como subrogante en Lomas de Zamora, establece que el Gobierno será notificado "una vez finalizada la feria judicial". A partir del 1 de febrero, en consecuencia, el Ejecutivo tendrá un plazo de cinco días para responder a la demanda.