Psicólogos bonaerenses preocupados por los cambios que promueven en la Ley de Salud Mental

En ese sentido expresaron que no sólo implican un enorme retroceso en materia de derechos y avances terapéuticos, sino que también vulneran un modelo de atención basado en la perspectiva clínica y comunitaria, cuya esencia es la permanente lucha por desterrar toda lógica manicomial.
En  el comunicado que reza “Sin derechos no hay salud mental”, los profesionales alertaron que: “reinstalar, entre otras cosas, “el manicomio”, tiene a nuestro juicio, un alcance mucho mayor que la estructura edilicia hecha de muros que separan y dividen a las poblaciones, ya que emplaza un término alrededor del cual anida una narrativa  y un plan de acción económico, social y cultural que vela menos por los derechos de las personas a tratamientos dignos de sus sufrimientos psíquicos que  por la promoción de intereses que arrasa toda subjetividad singular y colectiva”.
También manifestaron que “en los hechos, los artículos propuestos como modificatorias -618 y 625 del DNU- suman a favor de una verdadera presión sobre las instituciones democráticas avanzando y destruyendo los derechos adquiridos a favor de las personas, en las prácticas de la Salud Mental", se manifestó. Asimismo, explicaron que "sostenemos que la Ley vigente trata de apelar al cuidado, pero no desde la lógica restrictiva que apunte a un paternalismo manicomializante como pretenden los cambios introducidos”.
Del mismo modo, desde la institución que nuclea a psicólogos y psicólogas bonaerenses,  señalaron su preocupación ante “la afectación y deterioro de la salud mental de las personas, producto  del impacto inevitable de la actual coyuntura económica y del avasallamiento de derechos llevado adelante por las autoridades políticas de la Nación”.

Preocupación por el retroceso en materia de género
“Numerosos profesionales de la salud pública y sanitaristas, han dado cuenta de la afección que este decreto produce sobre la atención de la salud de las personas, y es notable el cambio en términos económicos que se introduce, por ejemplo, en medicamentos. Sin embargo, nos preguntamos, de aprobarse y entrar en vigencia ¿cómo afectaría a la salud mental de la población? Y particularmente si afecta diferenciadamente a la salud mental de mujeres y diversidades”, profundizaron en otro documento elaborado semanas atrás.
En esa misma dirección, los profesionales de la salud mental, pusieron foco en la necesidad de seguir profundizando en la perspectiva de género, las vulnerabilidadess (en torno al género, la orientación sexual, la identidad de género, la etnia, la clase social o condición socio-económica, la edad, etc.) que pueden presentarse y conjugarse, produciendo un perjuicio mayor en determinadas poblaciones, que el que tendrían si se presentaran de manera independiente.  “Entendemos que, en este decreto, las mujeres y diversidades se ven afectadas interseccionalmente por la mayoría de los artículos”, alertaron.
La puerta abierta a  la revictimización
Otro de los puntos de análisis fue el polémico artículo n° 82 que  en su caso, impone un “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio” originado por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial. “Este artículo que a simple vista podría considerarse “positivo”, tiene un revés para las mujeres y diversidades y es que aclara que el agravamiento corresponderá: “en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido”. Lo cual, implica una judicialización de la situación de discriminación vivenciada, es decir una revictimización”