La Coalición Cívica denuncia a las prepagas por el bestial aumento en los precios de las cuotas

Los dirigentes de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Ruben Manzi y Facundo Del Gaiso denunciarion ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada. 

“Sabemos que este es un mercado imperfecto, que tiene muchos condicionantes", comentaron los referentes de la Coalición Cívica (CC). También consideraron que la situación actual no es "libre competencia", sino que se trata de "un abuso" y alertaron: “No nos quedamos solamente con la denuncia".

En esa línea, los diputados señalaron que el presidente Javier Milei dejó "una regulación en cero" y ahora se debe  debatir "qué tipo de regulación hace falta para que la competencia sea real y que las personas no se queden sin cobertura". Y añadieron que la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) "puede ofrecer medidas pro-competitivas basadas en criterios técnicos”.

Los aumentos de los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero y los legisladores dijeron que, en ambas oportunidades, fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.

La denuncia ante la CNDC apunta en los acuerdos presuntamente establecidos entre competidores para fijar los aumentos de precios de manera coordinada, lo cual afectaría negativamente a los usuarios del servicio de medicina prepaga. También acusa sobre una "posible cartelización" que afecta a los proveedores, dado que acordaron la fijación del aumento de los planes, así como también los valores promedio para los aumentos a hospitales, médicos y farmacéuticas.

Según la legislación vigente, la mera acción coordinada de dos o más competidores para fijar los precios a los consumidores y usuarios, o para coordinar posturas frente a sus proveedores, es considerada una conducta ilegal. "Eso significa que acreditada la conducta, se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia", agregaron.