Desde el CEPA alertaron sobre el impacto real del plan económico de Milei

El informe desarrolla, en un primer apartado, el contenido de las medidas concretadas y anunciadas. En el segundo punto se compara la magnitud que representa el mentado ajuste a la “casta” versus la magnitud de los recortes fiscales. En tanto, y en un tercer apartado, el informe avanza sobre el impacto de las políticas de mega devaluación y desregulación de precios con nula recomposición de ingresos. Además detalla los beneficios al poder económico.
Los especialistas del CEPA sostienen de este modo, que se trata del“ fin del relato de la casta”, revelando que quiénes pagarían realmente el 67%  del ajuste serán los asalariados y las Pymes.
Así, desglosan que, “de los 5,4 puntos de PBI, una suma de 2,35 puntos o lo que equivale al 43,5% del total, serían costeados por los trabajadores activos, por distintas vías.

Las medidas que afectan a este sector se encuentra en distintos rubros: la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, el recorte a las transferencias a las provincias que afectaría partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente – FONID-, la suba de tarifas y de transporte, el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo, la destrucción de puestos de trabajo de la obra pública, y la afectación a trabajadores/as estatales por recortes en gastos de funcionamiento. Luego, las y los trabajadores pasivos asumirían el peso de 0,5% del recorte, a partir de la suspensión de la formula jubilatoria, si eventualmente se aprobara en el Congreso. El ajuste a los pasivos significará el 9,3% del total.  Las pymes, en tercer lugar, se verían afectadas por la suba del Impuesto PAIS a la importación de bienes (de 7,5% a 17,5%), lo cual les incrementa el costo de la importación de insumos a un dólar de $940. En suma, el 67% del ajuste lo pagarían los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y PYMES”, según sostiene el CEPA.

Grandes ganadores y grandes perdedores
Desde el Centro de Economía Política remarcaron además que la “mega devaluación determina ganadores y perdedores: “ Ganadores: aquellos que perciben ingresos en dólares son, en toda suba del tipo de cambio, los principales beneficiarios. El ejemplo más claro refiere a los exportadores de soja, que mejoran 30% su rentabilidad, dado que las retenciones no han subido para este sector. También, aquellas firmas con stockeo de insumos en dólares. 
En cuanto a las economías regionales: mejoran su valor exportador, pero al mismo tiempo se le aplican retenciones del 15%, cuando habían logrado llevar la alícuota a 0%, luego de las decisiones del equipo económico de Sergio Massa. 
El impacto directo de devaluación, del orden de 120%, implica un sensible encarecimiento de costos de insumos importados. Las importaciones de bienes intermedios, para la producción industrial, alcanza casi el 40% del total de importaciones, a lo que debería sumarse 21% de piezas y accesorios para bienes de capital.  
Además, sostienen que, según la propuesta de Caputo/Milei, la inflación se detendrá en la medida que se recorte la demanda. En la práctica, esto significa:   
•    El encarecimiento brutal de los productos, lo que condicionará el poder de compra
•    La caída de la demanda interna no tendrá efectos sobre productos saldos exportables. Entre ellos, varios productos de la canasta básica alimentaria (los derivados de trigo/maíz). 
•    Las condiciones de libre mercado en servicios públicos implican un limitado acceso a los servicios luz, gas y agua para una porción creciente de la población. 
Shock directo sobre los ingresos
En términos de  Seguridad Social, el recorte asciende a 0,4% de PBI. Cabe recordar que además se anunció, la intención de suspender la movilidad jubilatoria. 
No obstante, no se especificó si se continúa con la política de bonos a quienes cobran el haber mínimo. Hoy la jubilación mínima se encuentra en $105.000 + bono de $55.000. Esto arroja un haber de bolsillo de $160.000. Si se suspendiera el pago del bono, ello sería una reducción nominal del haber mínimo del 34%, lo cual sumado a la fuerte aceleración inflacionaria que se espera, llevaría las y los de jubilados a una situación crítica. En términos de gasto previsional, de eliminarse el bono, ello implicaría un ahorro del 17% del gasto en dicho rubro. Tampoco se especificó si se continuará la política de medicamentos gratuitos del PAMI, ni el refuerzo alimentario que brinda a sus afiliados.  
En cuanto al Salario mínimo vital y móvil, dado que se ha anunciado que los planes Potenciar tendrán el presupuesto 2023 y que los montos del mismo están asociados al SMVyM, se presume que se congelaría el mismo. Si se siguiera este camino (o se atrasara su actualización) se produciría un impacto en varios ítems licuando ingresos: 
• Se atrasaría el 82% móvil del haber mínimo jubilatorio respecto al SMVyM (lo percibe alrededor de 1 millón de jubilados) 
• Se incrementaría la cantidad de trabajadores que pagarán Ganancias con el actual esquema, ya que con la normativa actual el mínimo no imponible es de 15 salarios mínimos. 
• Se congelan montos según presupuesto 2023. Esto podría implementarse a través de la no convocatoria al Consejo del Salario como se describió en el apartado anterior. 
• Se trata de una medida que golpea muy fuerte entre los trabajadores de la Economía Popular ya que dentro de este programa se ubica el Salario Social Complementario (actualmente en $78.000 + $10.000 de bono a diciembre 2023). Es decir, es la base de sustentación de los proyectos productivos y comunitarios, y de las Unidades de Gestión de la Economía Popular. Actualmente existen 1,2 millones de beneficiarios, lo que resulta en un costo fiscal cercano a los 93.600 millones de pesos mensuales, y unos 12.000 millones adicionales por el bono. 
En relación a los salarios del sector público: quedarían congelados según presupuesto 2023. 
• Se avanzaría en una política de licuación debido a fuertes tasas reales negativas en el segmento de plazo fijo. El BCRA mantiene la TNA en 133%, lo que implica una tasa efectiva mensual de 10% contra una inflación mensual que posiblemente supere los 20 puntos.  
• Uno de los objetivos con esta política es licuar los pasivos remunerados del BCRA, esencialmente los pases y las Leliqs, que son la contraparte de los depósitos a la vista y los plazos fijos.   No hay ninguna política de recomposición salarial al sector privado. 
Efectos de la paralización de la obra pública:  Suspender la obra pública impactaría en juicios de las empresas y en un fuerte golpe al empleo: 505 mil puestos directos e indirectos 2023-23.  
Los beneficios de estas medidas para el poder económico:
 • La mega devaluación beneficia sustancialmente a aquellos sectores dolarizados previamente y que reciben flujo en dólares por su actividad económica.  
• Blanqueo de capitales: el proyecto de ley será con tasas diferenciales, del 0% para fondos en Argentina y el 5% para fondos en el exterior. La gestión anterior había enviado un proyecto de exteriorización que contemplaba alícuotas crecientes del 5 al 20% a medida que se demorara la declaración de bienes. 
• Bienes Personales: se reduciría la alícuota por año desde 1,5% hasta llegar al quinto año a 0,8%. Se puede pagar cinco años anticipados con la alícuota más baja y después no se presenta declaración jurada. Cuanto mayor sea la cantidad de años anticipados, la alícuota será menor. Similar propuesta realizó el Gobierno de Cambiemos, conjuntamente con el blanqueo aprobado en 2016, a los efectos de incentivar la declaración. El Congreso frenó su reducción total, pero se fijó una alícuota mínima de 0,25%.  
• Potencial levantamiento del cepo y dolarización de personas físicas y jurídicas con mayor poder adquisitivo. En el periodo 2016-19 la Formación de Activos externos ascendió a USD 84 mil millones de dólares.  
• Apertura importadora que destruye la producción local y favorece, a la inversa a importadores e intermediarios.  
• Seguro de cambio para deuda importadora: se propuso que el BCRA ofrezca un bono en dólares para importadores de bienes y servicios que podrán suscribir en pesos, voluntariamente, hasta el valor del stock de su deuda comercial externa. Serán pagaderos en dólares al vencimiento que se conocerá al momento de su oferta, pero podrá ser hasta 2027 y rendirían 5% anual (con opción de rescate anticipado en pesos al FX oficial). Este instrumento permite resguardarse de futuras devaluaciones, pero a diferencia de otros instrumentos de cobertura (como las LEDIV, dólar futuro e instrumentos dólar linked) es pagadero en dólares.  
En ese marco y con ese panorama, el informe apunta a cuestionar si se trata de un plan de estabilización o constituyen una etapa intermedia de una dolarización futura: “La virulenta transferencia de ingresos como resultado de la devaluación, quita de subsidios, suspensión de obra pública, recorte de trasferencias a provincias, y consecuentes aumentos de la pobreza y la indigencia, hacen difícil imaginar que no haya reclamos populares. En este sentido, y tal como anticipamos hace varios meses, un programa de estas características requiere indefectiblemente de un aparato represivo que condicione la protesta social y sindical”, finalizaron.