En declaraciones a un medio digital, el futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, habló sobre su relación con el Presidente electo, y dijo: “Él es libertario en lo económico y yo soy libertario en lo jurídico, ya nos complementamos muy bien”.
Al analizar el estado actual de la Justicia, Libarona observó: “Pienso que hay muy buenos jueces, pero que los pocos malos jueces han mancillado el honor y la credibilidad de todos”.
Esta percepción negativa es un punto central de su plan de reforma, donde busca dotar a los jueces de más herramientas legales y estructurales para actuar con independencia.
Consultado por los tiempos procesales actuales y la sobrecarga de trabajo en los juzgados consideró que “no son razonables los tiempos que se manejan hoy. Terminan siendo equilibristas, no jueces”. En ese sentido, propone agilizar los procesos judiciales y mejorar la asignación de jueces.
En cuanto a las propuestas de reforma, Libarona, confirmó: “Estamos trabajando en muchas reformas. Queremos juicios rápidos y en plazos casi matemáticos”.
También mencionó la necesidad de un control más estricto sobre los plazos procesales y la aplicación efectiva del sistema de enjuiciamiento a nivel nacional.
Sobre la judicialización de la política, Libarona señala: “Yo se lo asigno a la enorme injerencia del poder político en la Justicia y todos sus ámbitos”. En respuesta a esto, su enfoque se centra en asegurar la independencia judicial y evitar la politización de los nombramientos judiciales.
En relación con la Inspección General de Justicia, Libarona tiene planes específicos: “A la IGJ hay que hacerla de nuevo”. Su objetivo es mejorar la eficiencia y transparencia de este organismo.
El tema del autofinanciamiento del Poder Judicial también es abordado, con Libarona apoyando la idea de Milei de explorar opciones para que el Poder Judicial genere sus propios fondos, lo que potencialmente aumentaría su independencia.
Por último, Libarona abordó la crisis carcelaria, y destacó la necesidad de una mejor gestión y posiblemente de la participación privada en ciertos aspectos de la administración penitenciaria.