Organismos de DDHH impulsan un proyecto de ley antinegacionista

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina y en un firme compromiso con la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, destacadas organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, la Agrupación H.I.J.O.S. y la Fundación Luisa Hairabedian, han unido sus esfuerzos para presentar un proyecto de ley que combata el negacionismo en el país.

El proyecto cuenta con un amplio respaldo de diversas entidades y figuras destacadas, incluyendo a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, organizaciones de la colectividad judía, la comunidad armenia, agrupaciones de pueblos originarios y la experta académica Valeria Thus, especializada en temas de derechos humanos.

Este proyecto de ley será presentado este martes 7 de noviembre a las 10 horas en el anexo C del Congreso de la Nación durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. La diputada Carolina Gaillard encabeza la presentación, respaldada por un destacado grupo de legisladores y legisladoras, que incluye a Hugo Yasky, Germán Martínez, Daniel Gustavo Gollán, Mónica Macha, Eduardo Valdés, Mara Brawer, Alejandro Rodríguez, Sergio Palazzo, Gisela Marziotta, Leonardo Grosso, Eduardo Toniolli, Ricardo Daives, Rosana Bertone y Susana Landriscini.

Este proyecto surge en respuesta a la creciente preocupación ante las expresiones y prácticas negacionistas y apologéticas del terrorismo de Estado, así como a los discursos de odio que han surgido en la sociedad argentina. Busca prevenir, sancionar y erradicar el negacionismo a través de un enfoque integral que involucra la educación, la formación obligatoria en derechos humanos y la tipificación penal específica para funcionarios públicos.

El proyecto propone tres aspectos clave:

1. Modificación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo y el Negacionismo (INADI), que ampliará sus competencias y pasará a llamarse "Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo", incluyendo la lucha contra el negacionismo de genocidios y crímenes de lesa humanidad en su mandato.

2. Implementación de una formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado, a cargo del INADIN, con la responsabilidad de cada organismo público de llevar a cabo el programa de formación para su personal.

3. La tipificación penal específica dirigida a funcionarios públicos que nieguen, minimicen, justifiquen o reivindiquen públicamente genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente por el Estado Argentino, con la pena de inhabilitación.

Este proyecto no se limita al período de la dictadura cívico-militar (1976-1983) en Argentina, sino que también incluye otros crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado, como el holocausto, el genocidio armenio, la masacre de Napalpí de pueblos originarios, y la triple A, entre otros.

La aprobación de este marco regulatorio convertiría a Argentina en un referente en la región en la lucha contra el negacionismo, siguiendo el ejemplo de países europeos y otras naciones que ya han tipificado este delito. El objetivo fundamental es garantizar que los crímenes de lesa humanidad no se repitan y que ningún funcionario público respalde, niegue o justifique tales atrocidades, en respeto a las víctimas y en defensa de la democracia.

La presentación de este proyecto refleja el compromiso continuo de Argentina con la promoción de los derechos humanos y la justicia, reafirmando el lema "Son 30.000" como un recordatorio de la importancia de no olvidar el pasado para construir un futuro más justo y democrático.