Presentaron el índice que estima el “costo de crianza” de niñas, niños y adolescentes

En su elaboración, realizada por el INDEC, bajo lineamientos del Ministerio de Economía nacional y UNICEF, se tienen en cuenta los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de niños, niñas y adolescentes y la valorización del tiempo necesario para sus cuidados.

Uno de los objetivos de la creación de este índice es su utilización para fijar las cuotas de alimentos por parte del Poder Judicial. En Argentina hay 1 millón 600 mil hogares monomarentales, donde viven tres millones de menores y, según datos de UNICEF, más del 60% de estos hogares no recibe o sólo recibe parcialmente el dinero correspondiente a la cuota alimentaria.

La presentación estuvo propiciada por la diputada del FdT Lucia Galán, vicepresidente de la Comisión de Igual Real de Trato e integrante de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.

El acto, además, contó con la participación de la directora nacional de Economía e Igualdad de Género, Sol Prieto; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz; la senadora provincial Sofía Vanelli; las funcionarias de la Legislatura Paz Bertero, Maru Bread y Maite Sandá; y la abogada Camila Beguiristain, auxiliar Letrada del Juzgado de Familia N°2 de Lomas de Zamora en representación de la jueza Belén Loguercio.

Sol Prieto, responsable del área que impulsó la creación del índice, hizo un repaso exhaustivo de los indicadores económicos de las familias monomarentales, el impacto del incumplimiento de la cuota alimentaria en la feminización de la pobreza y el endeudamiento, y destacó que “esto que organiza las vidas de muchas familias y representa un drama para muchas mujeres es, a la vez, un problema económico. Y esa conexión la hizo la política, que interpretó el problema y buscó dar respuesta desde el Estado”.

En tanto la senadora Sofía Vanelli, aseguró al respecto: “me parece que tiene que haber un castigo social mucho más profundo, creo que hay una tolerancia social y naturalización que tenemos que romper para volver a construir la posibilidad de vivir en una familia sin violencia, donde la violencia económica no sea aceptada”.

La legisladora que impulsa una serie de modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, aseguró que “los más perjudicados y vulnerables son los niños, niñas y adolescentes, por eso pensamos estas modificaciones desde una medida de protección”.

El proyecto de ley de su autoría, que apela al Índice de Crianza, se encuentra en tratamiento en comisiones y tiene como propósito revertir el amplio nivel de incumplimiento de las obligaciones alimentarias generando mecanismos procesales que garanticen su pronta y efectiva concreción.

Estela Díaz, por su parte, destacó que “el Índice de Crianza es absolutamente innovador, no hay antecedentes en el mundo, una vez más nuestro país marca caminos”, y señaló que “no es casual que casi inmediatamente tenemos fallos que usan el índice, es una herramienta que facilita el acceso y el trabajo de la Justicia”.

A su turno, Camila Beguiristain destacó la importancia de esta herramienta, comentó el impacto en la labor judicial e hizo referencia al fallo de la jueza Belén Loguercio, la primera en aplicar el índice para fijar la cuota de alimentos. Lo hizo en un caso en el cual no se habían probado los gastos específicos, pero la jueza consideró que, siendo los alimentos un derecho humano fundamental, debía establecerse una cuota provisoria basada en el Índice de Crianza.

El 65% de los padres no cumple con la alimentación

En diálogo con Infomiba, Sabrina Cartabia, abogada e integrante del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, y una de las autoras de este índicador, explicó los alcances del mismo, y la importancia de su aplicación por parte de la justicia.

“Confirmamos un vacío de datos muy grande en el tema” relató y añadió: “pudimos poner en práctica de esta manera, una línea de base, para saber cómo estaban las cosas y cuáles son los pronósticos para hacer propuestas que den respuestas y resuelvan verdaderamente las necesidades de las mujeres y sus hijos”, continuó.

“Ahí nos dimos con números alarmantes como por ejemplo que, en el 65% de los casos, cuando una pareja se separa, el padre no cumple con la obligación alimentaria, o cumple cuando quiere o cumple menos de lo que debería. Es un número que se volvió a confirmar tras un estudio posterior de UNICEF, que lo hizo en todo el país y arrojó porcentajes similares en este planteo sobre las obligaciones de cuidado”, precisó la especialista.

A partir de eso hicieron un plan de acción, a partir del cual el Estado establezca presunciones de cuánto se estipula por los cuidados, para que eso sirva para los procesos judiciales y deje de haber demora. “Y lo que estamos viendo ahora, es la materialización de esa conquista de un grupo de mujeres que estamos trabajando el tema a partir de un esfuerzo coordinado con el acompañamiento del Ministro Sergio Massa”, celebró Cartabia.

Un piso, no un techo

La funcionara resaltó los primeros fallos de alimentos obtenidos recientemente con la aplicación de este indicador: “estoy segura de que esto se va a extender a todo el país”. “El índice de crianza es hoy ya,  una herramienta que pueden empezar a utilizar las mujeres que están en el proceso de obtener la cuota alimentaria”, enfatizó la abogada y  señaló: “por primera vez el Estado le pone un número a eso, y marca las conversaciones porque establece un piso mínimo de lo que sale el cuidado”. “Con eso salimos a litigar y exigirle al poder judicial que lo aplique”, insistió. No obstante, Cartabia también hizo hincapié en la importancia de una perspectiva de género en la justicia: “no es un problema de la normativa, aunque si bien tiene que cambiar muchas cosas, también se trata de un problema de actitud de las autoridades en el Poder Judicial para con la mirada sobre el tema”.

Los registros de deudores alimentarios

Si bien a fines del año pasado, el Congreso aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el cual será de carácter público y comprenderá diversas limitantes para las personas registradas, lo cierto es que configura letra muerta para el análisis de las especialistas en el tema.

“Lo que vimos es que el registro en PBA, como en otras provincias así como está no sirve, por lo que sugerimos que ya tenemos un registro de deudores dependiente del Banco Central como el VERAZ, que ingrese allí”, señaló Sabrina Cartabia e insistió en la necesidad de  tener un registro unificado de deudores alimentarios en la argentina, “pero más veraz es que las mujeres obtengan rápidamente sentencias que determinen el monto de la obligación alimentaria, por eso es fundamental el índice de crianza”, argumentó.

Asimismo, analizó: “además tenemos que cambiar más cosas, tenemos que hacer que los incumplidores ingresen en el registro, con el incumplimiento de los alimentos provisorios y no esperar a la sentencia definitiva, todo esto para compeler a que cumplan con su obligación”

“Y esto es sólo una parte, porque en realidad lo que nosotras queremos, es no tener que obligar a los varones a punta de usar el Poder Judicial a que cumplan con sus obligaciones. Nosotras queremos que estén comprometidos con el bienestar de sus hijos”, sentenció.