Gremios municipales piden multas para quienes se nieguen a pagar la suma fija

En el marco de la suma fija de $60.000 para trabajadores anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, salió a criticar a intendentes de la oposición que se niegan a pagarlo  y aseguró que su “intención ideológica” es la de esclavizar.

El dirigente de los municipales anticipó que realizarán movilizaciones contra la definición de los intendentes de Juntos por el Cambio, que aseguraron que los municipios no tienen fondos para afrontar el pago de una suma de $60.000 para cada trabajador público.

“Estamos acostumbrados con los intendentes amarillos. Vos le decís ‘buen día, vamos a hablar de paritarias’ y te contestan ‘no tengo plata’. Habría que ver por qué no tienen plata: o son malos administradores o utilizan la plata para otro tipo de cosas”, remarcó García.

Asimismo, el dirigente de los municipales afirmó: "Los que dicen que no tienen plata tienen millones de pesos en plazos fijos”, por lo que remarcó que esto sucede en Lanús y Tres de Febrero. “Tener plazos fijos importantes y pagar salarios de 60, 80 mil pesos no es ético”, denunció.

En ese sentido, García recordó que la exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, intentó derogar la ley del estatuto municipal.

“Ellos no quieren estabilidad en el empleo, paritarias, porque si ellos pueden, tienen, como sucede en muchos municipios amarillos, contratos basura con trabajadores de 20 o 25 años sin efectivizar“, dijo.

“La Ministra de Trabajo dijo que se iba a aplicar una multa a aquellos empresarios que no quieran pagar. Espero que también sea para los intendentes que no quieran pagar”, remarcó el representante de los municipales, que luego enfatizó: “Estaremos en la calle de cada municipio pidiendo explicaciones“.

Lo que dice el Boletín

El Gobierno nacional oficializó  este jueves el decreto que instrumenta una suma fija de $60.000 para los empleados públicos y privados. La asignación se pagará en dos cuotas de $30.000 que se percibirán en septiembre y en octubre.

La disposición argumenta que “resulta necesaria la implementación de un aumento de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, público y de casas particulares, el cual permitirá mitigar la caída en los salarios reales hasta que la negociación colectiva consiga recuperar el poder adquisitivo perdido por la aceleración inflacionaria inesperada”. E indica que “para que la política de ingresos planteada no afecte la dinámica de la negociación colectiva, los acuerdos paritarios podrán absorber a la asignación no remunerativa con los aumentos salariales pactados”.

En tanto, hace una referencia a las Cámaras que cuestionaron la medida e insta a que “se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso. Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes han tomado la intervención que les compete”. No obstante, no se expresa ningún tipo de sanciones para quienes opten por la negativa.