Femicidio en Saladillo: piden la remoción de la fiscal Hortel por falta de perspectiva de género

En Conferencia de Prensa, el intendente de Saladillo, José Luís Salomón, junto a concejales de ambos bloques políticos, pidieron la remoción de la Fiscal, Patricia Hortel, a través de una nota dirigida al Procurador General del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte Grand, y otros órganos competentes.

El pedido surge a raíz de una “desafortunada y lamentable” declaración efectuada por la funcionaria judicial, a cargo de UFI N° 2, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria iniciada a partir del femicidio de Rocío González.

En la nota elevada por Salomón menciona, al menos, cinco notas periodísticas donde Hortel desliza responsabilidad de la víctima sobre las dimensiones del riesgo latente manifestando que no decidió hacer la denuncia penal y que solo optó por las medidas precautorias que brindó la Justicia de Paz Local.

Puntualmente, en Canal 9 manifestó: “Que los agresores seleccionan a sus víctimas, dificulto que a mi hija le pase una cosa así porque tiene otro perfil, yo creo que debemos educar muy distinto a las mujeres.” Y que: “La mayoría de las víctimas que yo tengo son mucho más moderadas, educadas, respetuosas; estoy segura que mi hija lo sacaba bailando, que se impone ¿entendés?, es una persona que se hace respetar y que su no es respetado.”

El femicidio de Rocío, quien era madre de un menor de 2 años, ocurrió el jueves, dentro del local Carletti Servicios, que se dedica a la venta de sistemas de alarma y monitoreo de viviendas. Según fuentes consultadas por Télam, Chidichimo llegó al local cerca de las 14, fuera de su horario laboral, y se dirigió a un cuarto donde se realizan los monitoreos de las cámaras de seguridad en el que trabajaba Rocío.

Sin mediar palabra, desenfundó una pistola Bersa calibre 9 milímetros y disparó al menos siete veces en dirección a González, quien fue herida de gravedad. Tras el ataque escapó y la víctima fue trasladada al sanatorio local, donde falleció. En las últimas horas, Renzo Eduardo Chidichimo, de 25 años, fue encontrado en un campo y tenía en su poder una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.

A continuación la nota enviada por el Ejecutivo municipal:

Nos dirigimos a Usted a efectos de que tome conocimiento de la desafortunada y lamentable declaración efectuada por la Sra. Agente Fiscal Dra. Hortel Patricia, a cargo de UFI N° 2, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria iniciada a partir del femicidio de Rocío González ocurrido en Saladillo el jueves pasado, que demuestran una profunda falta de perspectiva de género y de sensibilidad social que está ocasionando hoy día un reiterado clamor social por su destitución del cargo, que como mandatario municipal me interpela y genera la convicción suficiente, propia y de mi equipo de trabajo, de tener que elevar tal pedido de destitución conforme a los procedimientos que legalmente estime corresponder.

La declaración de la Agente Fiscal, Dra. Hortel, fue expresada en una nota periodística de trascendencia nacional, específicamente en el Noticiero de “Canal 9” con el periodista Esteban Mirol, el día martes 6 de junio del corriente, relatando su intervención sobre la investigación que se llevaba por la búsqueda del femicida, concluye, luego de una pregunta del periodista: “Que los agresores seleccionan a sus víctimas, dificulto que a mi hija le pase una cosa así porque tiene otro perfil, yo creo que debemos educar muy distinto a las mujeres.” Y que: “La mayoría de las víctimas que yo tengo son mucho más moderadas, educadas, respetuosas; estoy segura que mi hija lo sacaba bailando, que se impone ¿entendés?, es una persona que se hace respetar y que su no es respetado.”

Estas palabras desacertadas estereotipando a una víctima frente a su agresor y haciéndola cargo de la percepción o los riesgos que ella misma corría frente al victimario, creemos que debe ser una función de los efectores de justicia y que plantear lo otro es revictimizar a una persona que acaba de perder su derecho más preciado, que es el derecho a la vida. A esta declaración se sumó un raid de declaraciones que la funcionaria judicial brindó, en al menos, cinco notas periodísticas donde en todas deslizó sobre la responsabilidad de la víctima sobre las dimensiones del riesgo latente manifestando que no decidió hacer la denuncia penal y solo optó por las medidas precautorias que brindó la Justicia de Paz Local.

Ante tales declaraciones, la familia de la víctima que hoy está atravesando un profundo dolor por la pérdida de Rocío, tanto así como la comunidad, que en sus distintas formas y expresiones, lucha por la erradicación de la violencia de género, porque no se instalen prejuicios, estereotipos y falsos paradigmas sobre las víctimas de nuestra comunidad, victimas que no han tenido justicia y que muchos de esos casos irresueltos dependieron de la funcionaria mencionada, han dejado una herida insalvable que distancia y nos motiva a tomar esta decisión y elevar este pedido.

Nuestro objetivo como comunidad, cuando llegaron los servicios de justicia era principalmente la proximidad y sensibilidad de los funcionarios a cargo para desempeñar su rol, impartiendo justicia conforme a las herramientas que los códigos de procedimiento y los códigos de fondo le brindan para desempeñar su tarea. Hoy vemos que el servicio de la funcionaria falló en ambas tareas, existiendo una lejanía y falta de atención a la sociedad y la sensibilidad particular de cada caso, como en la instrucción y en la resolución positiva de los mismos que hoy generan un pesado antecedente que no tiene vuelta atrás.

Este Estado Municipal de forma incansable y con profunda convicción ha bregado por el mejoramiento de los efectores de justicia, ha aportado inmuebles, empleados municipales al servicio de ambas fiscalías, insumos, tanto así como soporte con un Centro de Monitoreo que se encuentra en crecimiento constante, botones de pánico a víctimas de violencia de género. Recursos que hoy no se ven correspondidos con el trabajo de la funcionaria.

Por todo lo expresado reitero el pedido de remoción de su cargo en forma inmediata y bajo los procedimientos institucionales que existan para tal definición.

Por último, cumplimos en informar que se remitirá idéntica petición a Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.