
Los alumnos y alumnas que participan de las tomas y pernoctes en colegios de la Ciudad de Buenos Aires, reclaman que se apruebe el proyecto de "Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas" y piden "viandas dignas" para los estudiantes, ya que "con hambre no se puede estudiar".
Otro de los planteos de los estudiantes es contra las prácticas laborales obligatorias y no remuneradas implementadas por el ministerio de Educación porteño para los alumnos de los últimos años del secundario.
El exsubsecretario de Educación de la PBA y actual diputado provincial del PRO, Sergio Siciliano, opinó a través de la red social twitter y dijo: “Hay que repetir fuerte y claro: tomar las escuelas y edificios está mal” y acusó: “Utilizar a los chicos y chicas para hacer política partidaria en las escuelas, trae estas consecuencias”.
Hay q repetir fuerte y claro:
— Sergio Siciliano (@sergesiciliano) September 28, 2022
❌ TOMAR ESCUELAS ESTÁ MAL
❌ TOMAR EDIFICIOS ESTÁ MAL
Utilizar a los chicos y chicas para hacer política partidaria en las escuelas, trae estas consecuencias.
En las últimas horas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anticipó que prepara “una demanda civil para transferirles a los padres el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases”.
La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, envió este martes una carta a la Procuración General de la ciudad con un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios al personal docente de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, que estuvo tomada por los estudiantes desde el viernes hasta ayer, para transferirles a los padres que consintieron la medida el costo laboral de un millón y medio de pesos que implicó ayer el cierre del establecimiento.
El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos. Desde el @gcba impulsamos las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan.
— María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) September 27, 2022
Así, según informó el gobierno porteño, si se suma el costo de los otros siete colegios tomados, el valor asciende a $6.106.965,65.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que no se pueden criminalizar estas protestas en las escuelas, que son parte del derecho de expresión y de reunión asegurados por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño.
“Hacer una toma pacífica, pernoctar, es una acción de protesta que está garantizada, existe el derecho de reunión y el derecho a manifestarse de les niñes. Hay también una ley sobre los centros de estudiantes que los habilita a tomar acciones para reclamar por sus derechos”, señaló Diego Morales. El abogado del CELS agregó que los menores son sujetos privilegiados, lo que “vale no sólo cuando son víctimas, vale también cuando reclaman”.