domingo 02 de octubre de 2022 - Edición Nº1397

País

Justicia

Beraldi sostuvo que los fiscales hicieron un "intento desesperado" por sostener la acusación

Se trata del segundo de los tres días de la presentación final de la defensa. Según anunció el letrado defensor, la Vicepresidenta hablará el viernes antes los jueces. Tras los alegatos del lunes, Cristina sostuvo que los fiscales Luciani y Mola "mintieron descaradamente".



En el segundo día de la presentación final de la defensa, Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, advirtió que la fiscalía hizo un "intento desesperado" por sostener una acusación que tiene "certificado de defunción". Al mismo tiempo, afirmó que la Presidencia de la Nación no tiene entre sus competencias el control de la obra pública provincial.

En su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en la llamada causa Vialidad, el defensor de la Vicepresidenta sostuvo que el llamado operativo "limpiar todo" postulado por la fiscalía en su acusación "no existió".

Luego,abordaron las supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. En ese tramo, el defensor remarcó que la expresidenta no tenía "competencia" para ejercer controles porque "Argentina es un país federal" y se trata de un tema de jurisdicción provincial.

Sobre el bautizado operativo "limpiar todo" por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Beraldi lo atribuyó a un "intento desesperado" para mantener la acusación que tiene "certificado de defunción". Sobre esto, el abogado defensor esgrimió que "se falseó prueba" y se introdujo una "acusación calumniosa" en base al peritaje del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública, José López.

Y sobre esto último, Beraldi sostuvo que la Vicepresidenta "no aparece directamente en ningún mensaje. No hay ningún texto que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas".

El defensor hizo referencia a los mensajes y llamados del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.

Según Beraldi, los fiscales hicieron "un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio", sobre este plan que la fiscalía presentó como "limpiar todo" en su alegato final.

Según Beraldi, en base a estos mensajes de López, los fiscales "usaron cuatro o cinco" de los "más de 26.000" para construir una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.

Sobre la acusación fiscal, Beraldi enumeró: "Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros".

Esto "iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata".

El abogado defensor remarcó que la expresidenta no apareció como autora ni receptora de ningún mensaje o llamada y solamente hubo referencias de terceros como "voy a ir a ver a la señora".

El letrado esgrimió que el punto más cercano "es un mensaje del secretario de Obra Pública con un secretario privado de la señora Cristina Fernández de Kirchner dando a entender una reunión". Y, además, agregó: "Por supuesto que tener una reunión de un Secretario de Estado con un Presidente es algo rutinario".

En la misma línea, Beraldi desmintió una supuesta reunión de la expresidenta con Lázaro Báez el 30 de noviembre de 2015, a la que hizo referencia la fiscalía en su alegato. El letrado sostuvo que esto fue "falso" y que ese día en la hora en la cual se la ubicó con Báez estuvo en Rio Negro en un acto oficial, cuyo video exhibió en la audiencia.

Tras un breve cuarto intermedio, la defensa inició un nuevo tramo del alegato dedicado a las supuestas irregularidades advertidas en Santa Cruz con relación al direccionamiento de obra pública a favor de empresas del también acusado Lázaro Báez, como "Austral Construcciones".

El abogado de la Vicepresidenta explicó: "No existe ninguna posibilidad de vincular eso a la competencia de ningún Presidente, basta ver la estructura del Estado y la distancia que existe entre la Presidencia de la Nación y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal". En términos jurídicos "no existe ninguna posibilidad de vincularlo", agregó.

Como en otros tramos del alegato, exhibió a través de la plataforma Zoom en la audiencia virtual, partes de declaraciones de testigos y también de la indagatoria de la Vicepresidenta. En ese sentido, la expresidenta declaró en el juicio que "hay estamentos".

"Yo no designo al Administrador de Vialidad provincial, este es un país federal. ¿De qué estamos hablando?", se preguntó en ese momento. La defensa exhibió también parte de la declaración como testigo del presidente Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete. "Esas obras las licitan las provincias, todo es muy lejano al Presidente, son cuestiones ya casi provinciales", declaró.

El pasado lunes, su defensa cuestionó con dureza a la Fiscalía; afirmó que incurrió en "mala praxis" para sostener una "fantasía" y aseveró que la acusación quedó "fulminada" ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.

En tanto, a través de Twitter, la Vicepresidenta consideró en el inicio de los alegatos quedó probado "en forma documentada" que los fiscales Luciani y Mola "mintieron descaradamente". Asimismo, invitó a "seguir mirando" la segunda jornada de alegato de sus abogados y que "continúa con la demolición de la escandalosa acusación" de los fiscales.

La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales, como supuesta "jefa" de asociación ilícita y administración fraudulenta.

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