La diputada González amplió su denuncia contra el ex Interventor de Astillero Río Santiago

La denuncia se hizo en el marco de una causa por "malversación de fondos y lavado de activos" por U$S 95 millones en perjuicio de la administración pública.

La Diputada provincial acompaña la ampliación "por presunto lavado de activos" con un pedido de informes realizado en 2018. Y un comprobante de transferencia bancaria por "una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos ($ 1000000066,65.)".

La Legisladora, indicó que en el marco de la denuncia original los ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones, que dejan en "evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand junto a integrantes del Ministerio Público y la Procuración General" a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.

Según informó, oportunamente fue solicitado al Departamento Ejecutivo, que a través del Ministerio de Justicia informe y acompañe la DDJJ del mencionado funcionario tras darse a conocer el comprobante de transferencia bancaria del Banco Ciudad en el que figura el cuit del mismo, el número de cuenta en la que se realizó la transferencia, y un monto total de $1.000.000.066,65, todo ello "en el marco de las políticas en materia de erradicación de prácticas corruptas en la gestión de gobierno".

De esta manera, señaló que "oportunamente conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión" por lo que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades" dijo la legisladora.

Sin embargo, señaló que el pedido de informes fue "cajoneado" sin ningún tipo de tratamiento y "perdió estado parlamentario lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento" de la presunta maniobra fraudulenta.

En tanto, recordó que en este marco la Gobernadora María Eugenia Vidal "lejos de atender políticas públicas para promover la reactivación del trabajo". Y la gestión del ex interventor del Astillero con "la ausencia de provisión de insumos, despidos y compra de embarcaciones en el extranjero", denunciada por los trabajadores, iniciaron evidentes maniobras persecutorias.

En este contexto y ante el reclamo de los trabajadores al Ministro de Economía provincial, decidieron ir por Secretarios Generales de ATE provincia y ATE Ensenada.

En este sentido, señaló que "utilizaron una maniobra clara y manifiesta de intencionalidad persecutoria" y coordinada para que la misma "recayera" en la UFI 16 a cargo del Agente Fiscal Condomí Alcorta "UFI creada para él como premio por su aplicada obediencia y uno de los brazos ejecutores de la persecución del Procurador Julio Conte Grand".

"En conclusión, no se investigó el origen de la malversación por U$S 95 millones que forman parte de la denuncia original, con prueba en las distintas pericias solicitadas" por el mismo agente fiscal, dijo González.

En estas circunstancias, "se redireccionó la denuncia y se decidió incriminar a los dirigentes de ATE sin pruebas de respaldo" concluyó la Legisladora provincial.