La directora de la Fundación Sur Argentina y exdiputada nacional, Laura Musa, aseguró que “la situación de la Infancia y Adolescencia, en nuestro país es de una extrema vulnerabilidad, son claras las cifras oficiales y las de la sociedad civil, de la creciente infantilización de la pobreza e indigencia, que la establecen en el orden del 60%”.
“Es insostenible para un sistema democrático, mantener a más de la mayoría de los chicos y las chicas por debajo de la línea de pobreza”, añadió y remarcó “la incapacidad de los decisores políticos de varias gobernaciones como de los funcionarios nacionales es evidente dado que, como nunca Argentina, cuenta con todas las leyes en materia de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, con leyes de prioridad presupuestaria para políticas, acciones y programas destinados al colectivo de menores de edad”.
Sin embargo y a pesar de que cada provincia y cada municipio cuentan con un Organismo de protección integral, dotado de personal y presupuesto, “la pobreza deteriora todos los derechos, falta de acceso rápido y de calidad a servicios de salud, a la educación, a vivienda adecuada”, enfatizó y consideró: “Toda esta situación es lisa y llanamente la falta de acceso a sus derechos, justamente en un país que dice enorgullecerse de haber suscripto la Convención Internacional de Derechos del Niño, y haberla integrado a la Constitución Nacional”.
“Si la pobreza y la desigualdad son un muy mal indicador para la ciudadanía de cualquier país, arrojar a la marginalidad a los más chicos, es una atrocidad. Con políticas públicas rigurosas y una utilización transparente de los presupuestos, con control, podría revertirse, esto es urgente”, agregó.
La Defensoría Nacional de Niñez no tiene independencia política
La exdiputada nacional, criticó el funcionamiento de la Defensoría Nacional de Niñez, y manifestó que “lamentablemente no cumple con rigurosidad ni mucho menos con independencia política con su función ( ley 26061)”, y recordó que desde la Fundación SUR Argentina, solicitó su intervención, sin que ésta se realizara, “en defensa de los niños sometidos a protocolos aberrantes durante la primera fase de la pandemia en Formosa, no actuó frente a la vulneración de los más elementales derechos humanos , se le ha solicitado reiteradamente que litigue en acciones colectivas a favor de los derechos al agua y a la nutrición de los niños de las distintas comunidades Wichi, y de los niños y niñas de toda la provincia de Salta y de Santiago del Estero”.
“No representa los derechos de la Infancia, ante extremas vulneraciones y solo hace comunicados expresando ‘que sería deseable que se cumpla con la ley de protección integral, de educación y salud’, y solo se reúne con los funcionarios responsables de estas vulneraciones. Esperamos que la Comisión Bicameral del Defensor del Niño, del Congreso Nacional, tome la iniciativa de exigir el cumplimiento de su rol”, aseveró.
Musa puntualizó que “la pobreza extrema sobre todo en niños y adolescentes ha arrasado con todos sus derechos, las situaciones de abuso, embarazos de niñas, muertes por desnutrición, totalmente evitables, y no, ya como es debido, mediante políticas públicas sino al menos con compasión por parte de los gobiernos de Salta y Santiago del Estero”.
La especialista en derechos de la infancia, subrayó que el diseño institucional vigente obliga a que en cada municipio del país haya una oficina de derechos de infancia, que se acerque a cada familia y los asista de forma integral, incluyéndolos en cada programa, para que vivan con su familia, en condiciones dignas, asistan a la escuela, tengan documentos de identidad, acceso a la salud y correcta nutrición.
“Quien gobierne en cualquier nivel, y no pueda garantizar este piso mínimo de derechos, debe retirarse y darle el lugar a quienes estén formados y decidan cumplir con la ley, es una emergencia institucional que pone en riesgo la vida de los chicos”, criticó.
El rol de las ONG ante la ausencia del Estado
Musa destacó, en este contexto, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales “cuando se han podido corregir políticas insuficientes o inexistente, ha sido, sobre todo en estos últimos años, a instancias, de las acciones de exigibilidad, judiciales y administrativas impulsadas por las organizaciones de la sociedad civil, tanto en materia de acceso a la justicia”.
En ese sentido, recalcó la creación del primer consultorio gratuito para que los niños y adolescentes tengan Abogados del Niño, que les permita ser parte en todos los juicios en que se debatan cuestiones de su interés, como en el caso de las medidas tomadas por los organismos de Protección, cuando son inadecuadas (por ejemplo: Separación de niños de su familia por pobreza, generar adopciones cuando hay familia dispuesta a criar a los niños, internaciones indebidas en instituciones, dar en adopción a niños hijos de mujeres víctimas de violencia de género, porque estas demoran su recuperación, entre otros casos).
“Las ONG han ganado amparos para corregir, aunque en parte, la aplicación de la Ley de Salud Mental, la falta de vacantes escolares y la ausencia de conectividad en barrios pobres, y que impedían estudiar en igualdad de condiciones mientras se cerrabas escuelas”, explicó.
Y concluyó: “El rol de la sociedad civil debiera ser el de transparentar los incumplimientos de tantos funcionarios nacionales y provinciales, promover mejores prácticas y realizar propuestas, pero en esta realidad, hemos tenido que sustituir , indebidamente, a los Organismos de Protección Integral, asesorando y asistiendo a niños y sus familias., ante el abandono de sus funciones”.