Vicentin: fueron imputados los 14 miembros del directorio de la empresa

Los cargos, por la estafa cometida contra bancos extranjeros y contra acopiadores de cereales, en el marco de una causa paralela a la del concurso de acreedores, a cargo del juez Fabian Lorenzini, contemplan hasta 50 años de prisión. 

El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como "una puesta en escena de una empresa solvente y confiable" a partir de la aprobación de balances falsos para acceder a créditos internacionales y de celebrar contratos de compra y venta cuando ya no contaba con los fondos para hacer frente a los pagos. 

Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

Buyatti fue imputado, además, por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos está acusado de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de la empresa, junto con los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir pasado mañana si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal, quien considera que pueden alterar el proceso.

Al concluir la audiencia de la jornada, el fiscal Moreno señaló que "si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años". 

Entre los directivos de Vicentin, sólo Máximo Padoan hizo declaraciones al retirarse del tribunal y manifestó su "desconcierto" por la imputación.

Las imputaciones son el resultado de una investigación que duró casi un año y medio. Tras la presentación del fiscal, se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves, cuando los defensores de los imputados harán su descargo. La investigación de la fiscalía consta de 36 millones de archivos electrónicos.

Además de las diligencias de los principales acreedores y bancos perjudicados, la semana pasada el Banco Nación pidió que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin, dados los elementos que permitieron deducir la falsificación  de los balances, aún cuando los auditores adujeron que la caída de la empresa en 2019 fue una crisis que arrastraba desde años anteriores.