La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dejó firme una multa superior a los 16 millones de pesos contra Rappi por incumplimientos laborales detectados en inspecciones oficiales.
El tribunal rechazó los recursos presentados por la empresa y validó el procedimiento administrativo llevado adelante por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Consideró que no existieron vicios en las actuaciones ni irregularidades en las actas.
En su resolución, los jueces señalaron: “El interesado se centra en reproducir lo dicho en la instancia de grado, ignorando los fundamentos del pronunciamiento”.
También advirtieron que “No se indicaron con claridad las normas legales infringidas ni se precisó en qué consistía su violación”, al referirse a la falta de fundamentación del recurso extraordinario.
Uno de los ejes centrales del fallo fue la confirmación de las facultades del Ministerio de Trabajo para interpretar normas laborales y calificar relaciones con fines sancionatorios.
La Corte rechazó así el planteo de la empresa que buscaba restringir esa potestad al ámbito judicial y convalidó la intervención estatal en el control del cumplimiento de la legislación laboral.
Si bien el tribunal aclaró que resolvía “sin abrir juicio acerca del grado de acierto de lo decidido” respecto de la naturaleza del vínculo laboral, en los hechos dejó firme lo resuelto en instancias anteriores.
En esas decisiones previas se había aplicado la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo para considerar la existencia de relación laboral.
Las sanciones se originaron tras un operativo realizado en 2020 en distintos distritos bonaerenses, donde se relevó la situación de 172 trabajadores.
Según las actuaciones, se detectó “la falta de cobertura en materia de salud laboral, pago de aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones entre más del 97% de las y los repartidos relevados”.
El fallo se suma a otros antecedentes en los que tribunales laborales ya habían confirmado sanciones similares contra plataformas digitales.
En un contexto de debate sobre la regulación del trabajo en aplicaciones, la decisión consolida la potestad del Estado provincial para fiscalizar y sancionar incumplimientos.
Aunque no fija doctrina definitiva sobre el estatus laboral en plataformas, la Corte dejó un mensaje claro: cuando el procedimiento administrativo se ajusta a derecho, las multas resultan válidas y ejecutables.