Jorge Macri decretó la “prioridad porteña” y tensó la relación con la Provincia

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó un decreto que fija el criterio de “Prioridad Porteña” para el acceso a los servicios que presta la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La disposición establece que quienes acrediten domicilio en CABA tendrán preferencia al momento de solicitar turnos, vacantes, cupos u otras prestaciones administrativas frente a bonaerenses y extranjeros.

“Establecer como mecanismo de organización para el acceso a los servicios que brinde la Administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el criterio de ‘Prioridad Porteña’, en favor de las personas con domicilio en CABA”, puntualiza el decreto.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y se da en un contexto de creciente tensión entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Macri viene reclamando el pago de más de $27.000 millones por la asistencia a personas en situación de calle en territorio porteño, que, según sostiene, tendrían domicilio bonaerense.

En redes sociales, el mandatario apuntó contra la gestión de Axel Kicillof. “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen”. Y agregó: “La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. <br><br>La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos.<br><br>Se terminó.<br><br>Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS… <a href="https://t.co/rz2JiG787M">pic.twitter.com/rz2JiG787M</a></p>&mdash; Jorge Macri (@jorgemacri) <a href="https://twitter.com/jorgemacri/status/2042630833727492324?ref_src=twsrc%5Etfw">April 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Entre los fundamentos, el decreto sostiene que organizar el acceso a servicios cuando la demanda supera la capacidad operativa “constituye una herramienta legítima de gestión, orientada a optimizar el funcionamiento de la Administración y mejorar la calidad de la atención, sin afectar el ejercicio de derechos fundamentales”.

El texto aclara que las urgencias o emergencias sanitarias continuarán atendiéndose sin distinción de domicilio. También quedan excluidos los servicios vinculados a la seguridad pública y aquellos alcanzados por regímenes específicos o convenios interjurisdiccionales.

Desde la Provincia, el ministro de Gobierno Carlos Bianco rechazó el reclamo económico y lo calificó como “improcedente”. El funcionario cuestionó que el cálculo oficial parte de considerar bonaerenses a 1.327 personas asistidas en dispositivos porteños, cuando, según afirmó, no cuentan con residencia formal que permita asignarles pertenencia territorial precisa.

Bianco también planteó que debería contemplarse el flujo inverso de recursos, al señalar que millones de bonaerenses se trasladan diariamente a la Ciudad para trabajar y generar actividad económica.